La querella del Palau apunta alto

Pau Molins, abogado del saqueador confeso Fèlix Millet, repitió el pasado lunes en varias ocasiones que a la querella del hotel del Palau "le quedaban cinco minutos", pero lo cierto es que nada hace presagiar que pueda tener razón. Al menos, el fiscal del caso, Antoni Pelegrín, no solo no está por el carpetazo, sino que la próxima semana ampliará la querella contra altos cargos técnicos y políticos del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat, y por otros delitos distintos del tráfico de influencias y la apropiación indebida, que son los que imputa a Millet y su mano derecha, Jordi Montull.

En un proceso penal recién iniciado como este se corre el riesgo de errar si se da por sentado algo que no figura en un escrito entregado en el juzgado, pero todo indica que los querellados que acompañarán a los saqueadores serán el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Ramon García-Bragado; el gerente de Urbanismo del Consistorio, Ramon Massaguer, y la directora general del Patrimonio del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat, Immaculada Turu.

Los tres declararon como testigos entre el pasado lunes y ayer, pero nada impide que puedan regresar al Juzgado de Instrucción 10 de Barcelona en calidad de imputados y, por tanto, asistidos de abogados. Es más, la magistrada Míriam de Rosa ya se ha esmerado en preservar las garantías procesales e interrumpió el interrogatorio del fiscal cuando las preguntas eran chuzos de punta dirigidos más a un imputado, que tiene derecho a no decir la verdad, que a un testigo, con obligación de responder verazmente.

En el caso de Massaguer, la juez dio por concluida su declaración al poco de iniciarse. A Immaculada Turu no hizo falta interrumpirla porque entonces la fiscalía no disponía de la documentación que supuestamente cuestiona su actuación profesional en el caso. Y ayer, con García-Bragado, la juez declaró impertinentes varias preguntas del fiscal. Al salir de declarar, el concejal lo interpretó como una deferencia hacia su persona, pero todo apunta a que lo que en realidad pretendía la juez era no contaminar el proceso con una declaración viciada de nulidad y evitar que, si el caso llega a juicio, se pueda invocar la llamada teoría de los frutos del árbol envenenado. Es decir, que una prueba o una diligencia declarada nula u obtenida ilegalmente afecte a toda la investigación

La petición de imputación del fiscal se podría producir la próxima semana, cuando finalicen las declaraciones testificales. Y los delitos que se les podrían imputar serían los de prevaricación y falsedad.