La ley de víctimas abarcará atentados desde 1960

La nueva ley de víctimas del terrorismo tendrá efectos retroactivos: podrá aplicarse a actos cometidos a partir del 1 de enero de 1960 según la futura norma que en forma de proposición de ley están pactando el PSOE y el Partido Popular en el Congreso y negociando con el resto de los grupos parlamentarios, y que incluye también, como se había anunciado y como habían pedido los colectivos de afectados, la consideración de las personas amenazadas como víctimas -un policía en el País Vasco que una mañana encuentra una pintada en su casa; un guardia civil que encuentra su coche rajado; un empresario extorsionado...-. En plena polémica entre populares y socialistas -y, en el caso de estos últimos, entre ellos mismos- sobre la posible legalización de la izquierda abertzale si se desmarca definitivamente de ETA, las víctimas constituyen un punto de acuerdo entre ambos partidos en materia antiterrorista.

La nueva norma unifica prestaciones e incrementa su importe

Las víctimas no tendrán contacto directo en el juicio con los imputados

Organizaciones de víctimas, sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil se reunieron ayer en el Congreso con el director general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, José Manuel Rodríguez Uribes, y con los diputados Antonio Hernando (PSOE) y Alfonso Alonso (PP). Las asociaciones han tenido acceso a la exposición de motivos de la futura Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo y a un guión del texto normativo que se está ultimando y que se presentará el próximo jueves; también les han explicado las líneas maestras de la reforma legal, que podría aprobarse durante el primer semestre del próximo año.

La retroactividad hasta 1960 se ha incluido por la muerte de un bebé de 22 meses el 27 de junio de ese año tras la explosión de una maleta incendiaria colocada en la consigna de la estación de Amara, en San Sebastián. La banda terrorista nunca asumió la autoría del atentado. La primera víctima oficial de la banda terrorista es el guardia civil José Pardines Arcaya, de 25 años, el 7 de junio de 1968, año desde el que aplica la protección la ley vigente, de 1999.

La nueva norma unificará las prestaciones e incrementará su importe, según indica la exposición de motivos de la ley. El texto consagra también derechos en el ámbito del proceso penal. Las víctimas no se verán obligadas a mantener contacto directo visual con los imputados o acusados y habrá una oficina de apoyo a las víctimas en la Audiencia Nacional.

Se considerarán víctimas todos aquellos españoles que hayan sufrido atentados en el extranjero independientemente de que el ataque se haya dirigido o no contra intereses españoles. Así, un español que resulta herido en un hotel en Egipto por un atentado tendrá derecho a las ayudas, que se amplían también a los extranjeros que sean víctimas de un acto terrorista en España. Si el español víctima de atentado tiene su residencia habitual en el país en el que ha sufrido los daños, tendrá derecho a una ayuda del 50%; si no tiene la residencia habitual allí pero ha suscrito algún seguro, la cuantía será del 40%; y si no tiene ningún seguro será del 30%.

El texto establecerá un baremo con cuantías máximas y mínimas para las indemnizaciones por responsabilidad civil. Se intenta con ello introducir criterios objetivos que eviten que haya grandes diferencias entre las cantidades que deciden unos jueces y otros ante hechos similares. "La ley se inspira igualmente en el principio de igualdad, estableciendo criterios que garanticen un trato más equitativo en orden a la compensación", señala la exposición de motivos de la norma.

La ley ampliará también las ayudas para las víctimas del terrorismo a cuestiones que persiguen facilitar su inserción social y laboral. Tendrán, por ejemplo, cierta preferencia a la hora de optar a ofertas de empleo público y posibilidad de movilidad geográfica y funcional dentro del puesto de trabajo. En los planes nacionales de salud se incorporará un plan de atención y tratamiento de las víctimas.

Las asociaciones se mostraron ayer razonablemente esperanzadas con el borrador del texto legal. "Nosotros habíamos pedido específicamente la consideración de los amenazados como víctimas", explica José María Benito, portavoz del sindicato policial SUP. "Es una incorporación básica para muchos compañeros que viven situaciones de acoso contante en su día a día".

El número de víctimas del terrorismo en España lo cifró el Ministerio del Interior en un informe del pasado diciembre en 9.522 personas; de ellas, 1.382 fueron asesinadas. Las reparaciones concedidas hasta ese momento ascendían a 722.694.182 euros.