Castells admite que el hotel del Palau se tramitó sin un informe preceptivo

El consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat, Antoni Castells, admitió ayer ante la juez que investiga el caso del hotel del Palau de la Música que existieron irregularidades administrativas en la tramitación del proyecto, aunque defendió la actuación de su departamento. "La Generalitat ha actuado siempre pensando en el interés público, en el de la ciudad y en el del Palau", dijo Castells en el Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona al acabar su declaración, que duró más una hora y a la que acudió arropado por toda la cúpula de su departamento.

Nada más salir del juzgado, Castells anunció también que se había puesto a disposición del presidente del Parlament, Ernest Benach, para comparecer cuando se le llame y en la comisión que le cite. "Nunca me he escondido de nada ni de nadie. Siempre he dado la cara y lo seguiré haciendo, pero antes tenía que venir aquí", dijo Castells en referencia a la prioridad que tenía para él la comparecencia en el juzgado.

El consejero afirma que la Generalitat siempre defendió el interés público

Fuentes judiciales explicaron que Castells reconoció en su declaración que su departamento tramitó un expediente administrativo -que culminó el 8 de marzo de 2006 con la firma de un convenio de colaboración con el presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet- sin que existiera el preceptivo y necesario informe jurídico. Ese documento debía evaluar la necesidad y utilidad de la recalificación urbanística de las fincas afectadas por el hotel, situadas en la calle de Sant Pere més Alt.

La fiscalía sostiene que el abogado del Departamento de Economía Joan Morera, que testificará hoy, devolvió la documentación a la Dirección General del Patrimonio del Departamento de Economía sin emitir el informe previo con el argumento de que cuando se enteró de que debía emitirlo ya se había firmado el convenio entre Millet y Castells. El informe preceptivo, sin embargo, fue solicitado el 10 de febrero de 2006, casi un mes antes de la firma del convenio Palau-Generalitat, por la directora general del Patrimonio de Economía, Immaculada Turu, sin que constara cuál era la finca de la Generalitat sobre cuyo aprovechamiento urbanístico se debía producir la permuta para facilitar la construcción del hotel, según la tesis del fiscal.

Castells señaló a Turu como la responsable de la tramitación de aquel expediente administrativo y del desarrollo del convenio firmado con Millet, que definió como una declaración de intenciones. Fuentes judiciales explicaron que, en otro momento de su comparecencia ante la juez Míriam de Rosa, el consejero Castells también admitió que ni antes ni después de la firma del convenio se realizó ningún informe técnico sobre la evaluación de la posible pérdida patrimonial que implicaba la operación, que la Generalitat ha calculado en 5,6 millones.

Pese a todo, Castells aseguró al salir del juzgado que la Generalitat "tenía garantizadas todas las compensaciones" en la operación y que si accedió a firmar el convenio con Millet fue porque partía "del principio de buena fe de una institución". El consejero admitió que, con posterioridad a los hechos y visto lo visto, se siente "engañado e indignado" con Millet y Montull, de los que dijo que "no dejaron pasar ninguna oportunidad para actuar de manera delictiva".

Immaculada Turu, que también testificó ante la juez, reconoció que la Generalitat no requirió al Palau para que se depositara un aval que garantizara que no se produciría ese perjuicio patrimonial.