El fiscal pide 30 años de cárcel para el cerebro de la corrupción marbellí

La Fiscalía Anticorrupción pide 30 años de cárcel para Juan Antonio Roca, el principal de los 95 procesados en el caso Malaya. El hombre que durante los años del gilismo controló el urbanismo y la política de Marbella (Málaga) y los manipuló en su propio beneficio, blanqueó 245,1 millones de euros, la mayor parte mediante la adquisición de inmuebles de lujo, obras de arte y otros bienes suntuarios.

El fiscal Juan Carlos López Caballero, que lleva investigando el caso desde noviembre de 2005, considera a Roca, de 56 años, "jefe" de una "empresa criminal" que recibió supuestamente 33 millones de euros en sobornos de promotores con intereses en Marbella, al tiempo que negociaba en su provecho con el rico patrimonio de suelo de la ciudad. Estos chanchullos con los promotores amigos -que tomaban la forma de convenio urbanístico- supusieron un perjuicio a las arcas públicas de al menos 48,9 millones.

La petición de penas suma 557 años de cárcel para los 95 procesados

El ex asesor urbanístico y hombre de confianza del fallecido alcalde Jesús Gil está acusado de blanqueo de capitales, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude y cohecho pasivo. Además de tres décadas de prisión, el fiscal solicita para él 810,78 millones de multa y 51 años de inhabilitación. Roca es el único de los imputados en la trama que permanece en la cárcel. Aunque expiró el plazo máximo de prisión preventiva, tiene una sentencia firme de seis años por el caso Saqueo.

Los 585 folios que componen el escrito acusatorio contemplan penas que suman 557 años de cárcel y multas por valor de más de 4.000 millones de euros. Entre los principales personajes que se sentarán junto a Roca en el banquillo, a partir del 27 de septiembre, figuran la ex alcaldesa Marisol Yagüe, para quien se solicitan 20 años de cárcel; el ex regidor Julián Muñoz, con una petición de 10 años de prisión, y la ex teniente de alcalde Isabel García Marcos, en cuyo domicilio la policía halló 376.000 euros pagados supuestamente por Roca, y que se enfrenta a una posible condena de 12 años de cárcel.

El ex asesor urbanístico mantenía engrasada la maquinaria corrupta pagando a los políticos que tenían que dar el visto bueno a las licencias con parte del dinero que recaudaba entre los promotores, según el escrito del fiscal. Los empresarios que tienen un futuro judicial más complicado son Carlos Sánchez y Andrés Liétor. Cada uno de ellos se enfrenta a una petición de 22 años de cárcel, ya que supuestamente no solo pagaron a su amigo Roca sino que participaron en operaciones que descapitalizaron enormemente al municipio.

El escrito sigue en buena parte las tesis del auto de procesamiento con el que el juez Miguel Ángel Torres se apartó del caso. López Caballero afirma que en la estructura delictiva de Roca se practicaba la división del trabajo. En la cúspide se encontraban los abogados del despacho Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor, que creaban y mantenían el entramado de 71 empresas tras las que Roca ocultaba su patrimonio.

Después estaban los encargados de adquirir y gestionar los inmuebles de su jefe. En este grupo figura Montserrat Corulla, a la que el hoy ministro Miguel Sebastián utilizó como arma electoral contra Alberto Ruiz-Gallardón en su lucha por la alcaldía de Madrid en 2007. El fiscal pide para ella cuatro años de cárcel y 100 millones de multa por blanqueo.