Una sociedad más justa

Somos responsables de los impactos sociales, económicos, culturales y medioambientales de nuestras acciones. Alcanzar la justicia económica, social y medioambiental global es responsabilidad de la sociedad civil, los Gobiernos y las empresas. Asumirlo es la base de la consecución de una sociedad más justa y sostenible.

Para responder a este compromiso, en el ámbito de las empresas, las políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) están abriéndose paso desde hace tiempo en las grandes empresas y están siendo adoptadas también por un número creciente de pymes. Sin embargo, y paradójicamente, no cesan de llegar noticias de graves impactos de la actividad empresarial en las condiciones de vida y de trabajo de las poblaciones de los países empobrecidos.

Es necesario exigir coherencia y honestidad a las empresas: no se pueden jactar de tener una política de Responsabilidad Social Corporativa y a la vez presionar a los Gobiernos para la desregulación económica y la rebaja de los estándares, o bien hacer lobby contra la adopción de leyes que buscan evitar abusos económicos y sociales, y daños a la salud y al medio ambiente.

Un gran número de organizaciones, entre ellas SETEM, lo venimos denunciado sistemáticamente año tras año. Casos como las vulneraciones de derechos humanos de las trabajadoras que fabrican nuestra ropa; bancos que invierten en producción de armamento; o desastres ecológicos provocados por empresas petroleras. Es intolerable la impunidad ante estos comportamientos irresponsables.

Si las prácticas de las grandes compañías no respetan a las poblaciones vulnerables, habría que concluir que la RSE se convierte en una política de imagen ante la ciudadanía y ante el accionariado. Convendremos en que no es esto lo deseable.

Esperamos pues, que la responsabilidad social empresarial sea realmente una contribución activa al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas. Para ello, se necesita huir de la voluntariedad actual y exigir un marco regulador que permita el monitoreo público de esta acción social. Siempre debería ser una prioridad que los derechos de las personas prevalezcan por encima de los intereses económicos.

Nuria González Vilela es presidenta de la Federación SETEM