Piñeiro abandonará en septiembre el piso oficial al que accedió durante su mandato

El ya ex presidente del Tribunal Superior, Fernando Ruiz Piñeiro, abandonará en septiembre el piso oficial que ha ocupado durante su etapa al frente de la judicatura vasca. Padre de cinco hijas, el ahora magistrado de la Sala de lo Penal tendrá que mudarse a un domicilio particular. El desalojo es consecuencia de la pretensión que el Gobierno tiene de desprenderse de las viviendas que durante las dos últimas décadas ha reservado a la cúpula judicial, para subastar algunas de ellas y poder financiar proyectos de "justicia juvenil" con el dinero recaudado.

Fue en 1988 cuando el Ejecutivo, en el marco de los acuerdos para transferir la gestión de Justicia a Euskadi, adquirió cinco céntricos pisos en las tres capitales vascas con el objetivo de cedérselos a los máximos mandatarios de la judicatura autonómica. En 2006, sin embargo, el departamento que dirigía Joseba Azkarraga aprobó un decreto para retirar de manera progresiva los domicilios oficiales. La decisión se adoptó en un escenario de elevada tensión entre los poderes político y judicial, como consecuencia del procesamiento del entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe.

El restablecimiento de las buenas relaciones tras la llegada de los socialistas al Gobierno no ha variado los planes. De hecho, Piñeiro no es el primero que se ha visto afectado por la medida. Este mismo mes se sacará por fin a subasta el piso que hasta ahora había ocupado Ana Iracheta, pese a que han pasado ya 15 meses desde que fue relevada por Ángel Gil al frente de la Audiencia de Vizcaya. También ha abandonado ya su vivienda oficial la fiscal superior del País Vasco, María Ángeles Montes.

Quedan aún por ser desalojados los fiscales jefe de Guipúzcoa y Álava, Jaime Goyena y Josu Izaguirre respectivamente. El Ejecutivo les ha garantizado que podrán permanecer en sus casas hasta expirar su mandato. "No hay prisa, pero la decisión es irreversible", aseguran desde el Departamento de Justicia.

El Gobierno aún no ha definido cuántos inmuebles subastará y cuáles destinará a nuevas actividades. Se trata, en cualquier caso, de pisos grandes y céntricos con un elevado valor de mercado que "en ningún caso se malvenderán". El objetivo no es otro que recaudar fondos para destinarlos a programas de justicia juvenil o a la adquisición de otros inmuebles más asequibles, en la periferia u otras localidades, en los que poder implantar nuevos centros de menores o puntos de acogida, "similares a los numerosos que se encuentran distribuidos por distintos puntos de Euskadi".