Anticorrupción pedirá enviar el caso a Castilla y León por nuevos imputados

La Fiscalía Anticorrupción tiene previsto solicitar la remisión al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de la parte del sumario del caso Gürtel en la que aparece presuntamente implicado el actual presidente de las Cortes regionales, José Manuel Fernández Santiago. Los hechos se refieren a la adjudicación de las obras de una variante de una autopista a la altura de Olleros de Alba (León) a la empresa Tecnología de la Construcción (Teconsa).

Anticorrupción quiere que se investigue a fondo la posible entrega de comisiones a la organización corrupta que dirigía Francisco Correa a partir de la adjudicación, en 2002, de la citada variante, que se hizo por el sistema de concurso y con la intervención del entonces consejero de Fomento de la Junta y hoy presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, conocido como Toti. Así le menciona la trama de Correa en los documentos intervenidos por la policía en sus empresas.

Desde el primer auto de Garzón hay indicios de la red en esa comunidad

La Fiscalía Anticorrupción está a la espera de que el Supremo le remita las actuaciones sobre la variante de Olleros de Alba, que no fue desglosada en su día de la parte principal porque la fiscalía no quería abrir más frentes sobre la trama Gürtel, máxime tras lo acontecido en Valencia. Allí, el Tribunal Superior de la comunidad se negó a investigar al presidente, Francisco Camps.

De hecho, Anticorrupción se mantenía entonces a la espera, pues la situación le beneficiaba. La imputación por el Tribunal Supremo del ex senador y ex tesorero del PP Luis Bárcenas y del ex diputado del mismo partido Jesús Merino, podía arrastrar al alto tribunal a Fernández Santiago, aforado al Tribunal Superior de Castilla y León en razón de su cargo. Así, Toti sería investigado por el Supremo junto a Bárcenas y Merino, sin romper la continencia de la causa. De paso, Anticorrupción sólo tenía que atender los frentes del Supremo y del Tribunal Superior de Madrid, donde se investiga la pieza principal de Gürtel, mientras no se aclarase la situación de la causa en Valencia.

La operación de ingeniería procesal urdida por el PP para que Bárcenas y Merino dejasen sus escaños en busca de un tribunal más favorable a sus intereses, como sería el Superior de Madrid -que ya ha anulado las escuchas en prisión de los abogados con sus clientes corruptos de la trama-, dibujó otro escenario. El Supremo se ha quedado sin clientes, Bárcenas y Merino dependen ahora del Tribunal de Madrid; el de Valencia vuelve a investigar a Camps y una eventual imputación de Fernández Santiago tiene que ser exigida ante el TSJ de Castilla y León. Eso es lo que va a intentar Anticorrupción cuando reciba las actuaciones del Supremo, según fuentes de la investigación.

En la causa hay indicios de la trama Gürtel en Castilla y León desde el primer auto del juez Baltasar Garzón en el que se implicaba a Bárcenas. Entre la documentación del contable de Correa, José Luis Izquierdo, había un fax de noviembre de 2002 de la Consejería de Fomento de Castilla y León, dirigida entonces por Fernández Santiago, con la concesión definitiva de la variante de Olleros de Alba por 2,85 millones de euros a Teconsa, empresa relacionada con la trama que tenía entre sus directivos a José Ramón Blanco Balín, imputado en el Gürtel y supuesto asesor de Correa en la colocación en el extranjero del capital de sus empresas.

Del auto de Garzón se desprendía que Teconsa habría pagado una comisión del 3% a Correa para que utilizase sus contactos políticos para influir en la adjudicación de esa variante, un dinero que este repartió entre personas citadas con las siglas T.O.; G; L, y J. Según la policía, en alusión a Toti y al ex senador Bárcenas, entre otros. Más tarde, los investigadores hallaron otra documentación que apuntaba en el mismo sentido: un folio cuadriculado manuscrito con el encabezado "recibido en sobre 17-1-2003- Junta Castilla y León", de otro reparto similar de 96.100 euros.

Teconsa resultó beneficiaria de 23 adjudicaciones de obra pública entre 2000 y 2009 por parte de la Junta de Castilla y León, por el procedimiento del concurso, subasta, negociado sin publicidad o contrato menor. Según un informe de la Agencia Tributaria, Teconsa realizó movimientos de efectivo con billetes de 500 euros por un importe total de 5,5 millones en 2004; 242.000 en 2005; 893 en 2006 y 202.000 en 2007.

Las últimas investigaciones policiales señalan que la relación de Correa con el grupo de empresas de José Martín Núñez, administrador único de Teconsa, es "directa", tal como se desprende de una intervención telefónica de Correa con un consejero de Teconsa, José Luis Martínez Parra, en la que hablan de un amigo común, José Ramón Blanco Balín.