El pacto de Gobierno consigue eliminar las multas por no usar el euskera en el comercio

Las fuerzas nacionalistas en el Parlamento entendieron ayer que son minoría siempre que funcione el pacto de Gobierno entre socialistas y populares. Y en un tema tan medular como el euskera, no hubo fricción en la actual mayoría de la Cámara. En base a esta suma se insta al Gobierno López a que reforme el decreto del tripartito que fijaba una serie de obligaciones de rotulación y de atención al público en euskera a grandes empresas y comercios, eximiendo, de paso, las multas que se habían fijado por su incumplimiento.

Por lo visto ayer en el Pleno, no hay prisa alguna desde el Gobierno en poner en vigor esta normativa, que llegaba a fijar multas entre los 3.000 y 600.000 euros, que iban a entrar en vigor el próximo 17 de julio. De hecho, el texto aprobado no establece plazo para llevar a cabo las modificaciones y, en esa línea, su segundo punto dice que el Gobierno vasco establecerá una moratoria de un año en la aplicación de las sanciones. Esta dilación fue ya decidida la pasada semana por el Departamento de Cultura.

La normativa, que iba a aplicarse desde el 17 de julio, será reformada

Zapatero no tendrá que pedir perdón por el bombardeo de Gernika

El giro ha indignado a los grupos nacionalistas y a EB, que votaron lógicamente en contra de la propuesta al entender que el decreto planteaba objetivos "realistas" a grandes empresas y no a los pequeños comercios. UPyD, autor de la iniciativa original, se abstuvo al no ver cumplido su objetivo de que la institución legislativa reclamara directamente al Gobierno de Patxi López la derogación del citado decreto.

Como argumento de la reforma de la normal desarrollada por el anterior Ejecutivo, socialistas y populares compartieron argumentario. En sus intervenciones sostuvieron que las políticas de promoción del euskera deben evitar las imposiciones y mucho más las coacciones y sanciones. El PP, de hecho, dijo que eliminar el régimen sancionador exigirá reformar el Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, y adelantó que van a estudiar el tema con tranquilidad para ver si algunas de las medidas del decreto se deben mantener.

Desde el PSE, Vicente Reyes subrayó que el decreto fue aprobado sin el "necesario consenso" y recordó una reciente encuesta oficial que indica que el 77% de los vascos utiliza principal o exclusivamente el castellano en sus relaciones familiares y de amigos. "Con esta realidad sociolingüística, ¿cómo pueden defender la imposición de sanciones?", preguntó a los nacionalistas.

Desde las filas jeltzales la parlamentaria Arantza Aurrekoetxea defendió el decreto con el argumento de que "no se puede avanzar dejando las cosas como están, nosotros somos partidarios de ir paso a paso pero sin parar". En esta línea añadió que "sólo afecta a las grandes, se fijan plazos diferentes de uno a cuatro años para cumplir objetivos en función de las características y, además, se facilitan ayudas institucionales. Y lo que pasa es que ustedes -en referencia al Gobierno- han reducido en un tercio el presupuesto de estas ayudas".

Desde Aralar, Mikel Basabe añadió que "el problema es que mucha gente aquí sigue pensando que hay una lengua por encima de la otra" y ha criticado que los euskaldunes "no tengamos garantizados nuestros derechos".

Una radiografía política similar a la vivida en torno al euskera en los comercios se registró en el Parlamento al abordar una proposición no de ley en la que Aralar pedía que se instase al Gobierno Zapatero a pedir perdón de forma oficial por el bombardeo de Gernika en 1937.

También en esta ocasión, los votos de los partidos que sustentan al Gobierno López fueron determinantes y, además, contaron con el añadido de UPyD, para derribar la iniciativa de Aralar que tuvo el apoyo del Grupo Nacionalista Vasco y de Ezker Batua. Este último había presentando una enmienda de adición a la propuesta original solicitando, además del perdón, "el diseño de un calendario de actos de reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil".

Desde el PP, Mari Mar Blanco aseguró que la propuesta "está fuera de tiempo y de lugar" ya que la Transición española "ya supuso la reconciliación y la concordia entre los españoles". Más duro incluso fue Óscar Rodríguez, desde el PSE, al considerar que la iniciativa de Aralar es "absolutamente delirante", dijo.