El fiscal sugiere que el Ayuntamiento y la Generalitat dieron trato de favor a Millet

La fiscalía presentó ayer una querella contra Fèlix Millet y Jordi Montull en la que se evidencia que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona dieron un supuesto trato de favor a los saqueadores confesos del Palau de la Música para facilitar la construcción de un hotel en tres parcelas de la calle de Sant Pere més Alt que estaban destinadas a otros usos. El motivo de esa actuación no se aclara en la querella, pero el fiscal asegura que se causó a las arcas de la Generalitat una pérdida patrimonial por un valor mínimo de 3,6 millones de euros.

La querella imputa a Millet y Montull tráfico de influencias y apropiación indebida, aunque la fiscalía recordó que a lo largo de la investigación se pueda imputar a más personas y ampliar los cargos. En los próximos días, un juzgado de Barcelona asumirá la querella y resolverá la petición del fiscal de que declaren como testigos el consejero de Economía y Finanzas, Antoni Castells; el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Ramón García-Bragado, y el ex edil Carles Martí, por firmar convenios urbanísticos para facilitar la operación o impulsar su tramitación.

En cuatro ocasiones la querella se refiere a que Millet y Montull "aprovecharon las relaciones personales generadas por su posición dentro de la sociedad civil y política catalana con autoridades y funcionarios" de la Generalitat y el Ayuntamiento "para conseguir que estos colaborasen" en la operación urbanística para beneficio de aquellos.

Sin informe jurídico

La Generalitat y el Ayuntamiento defendieron ayer la legalidad de su actuación, aunque el fiscal asegura que el convenio que firmó el consejero Castells con Millet el 8 de marzo de 2006 era un compromiso escrito de la Administración autonómica para cambiar la calificación de los solares "y poder gestionar con pocas limitaciones la cesión de sus derechos a favor de terceros". En la querella se recuerda que antes de que se firmase el convenio, el Departamento de Economía tramitó un expediente administrativo sin el informe jurídico previo y preceptivo para evaluar la necesidad y utilidad de la operación. La Generalitat anunció ayer que si se detectara afectaciones del interés público, emprendería acciones legales.

El fiscal sostiene que para cerrar la operación era necesario otro convenio, que firmaron el 24 de octubre de 2006 la Generalitat, el Ayuntamiento y el Orfeó, "con el clausulado que más les interesaba" a los saquedadores.