Granados, referente del despilfarro español, según 'The Economist'

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, es el modelo que ha utilizado la revista The Economist en su último número como referente para describir el despilfarro del sistema español. En el reportaje se recogen todas las tesis manejadas por el Gobierno regional para criticar las políticas económicas del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y se cuestiona el sistema funcionarial.

El artículo comienza describiendo al "político conservador español" como modelo de la manera de ejercer el poder político a lo largo de Europa. "Trabaja en un palacio rehabilitado con gusto", explica el texto, que describe cómo hay vigilantes en la puerta de la Consejería de Presidencia, situada en la plaza de Pontejos, a espaldas de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, que visten de uniforme ("guardias civiles con tricornios") y un ejército de personal de confianza en las dependencias de la consejería. En la plaza contigua, agrega el texto, "espera su limusina", en referencia al coche oficial.

"Casi la mitad de los madrileños depende del Estado", dice el semanario británico
Más información
'The Economist' critica la parálisis del Gobierno ante las reformas
'The Economist' pide liderazgo a Zapatero para superar la "desidia y la paranoia"

También asegura que "casi la mitad de los madrileños depende del Estado en alguna medida", ya que calcula que de los 6,5 millones de madrileños, medio millón son empleados públicos. El resto, continúa, son un millón de niños y más de medio millón de parados.

El artículo destaca que "hombres poderosos como Granados pierden su poderío cuando se trata de cambiar el status quo". Ello se debe a que los funcionarios españoles tienen su puesto asegurado. Y pone como ejemplo el anuncio del Gobierno autónomo de recortar 48 de los 125 coches oficiales y rebajar la gama de los vehículos. "La paradoja es que no puedo deshacerme de los conductores oficiales", se queja el consejero. Y se recuerda que solo con su consentimiento se pueden modificar los puestos de los funcionarios. El artículo también recoge el absentismo entre los empleados públicos que manejó el Gobierno regional -una media del 18%-. Por último, se criminaliza a los sindicalistas, una constante entre los consejeros de Esperanza Aguirre, al asegurar que "un ejército de 3.242 representantes sindicales" vigila los convenios y los salarios de la Administración regional.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS