Rebelión de alcaldes contra el recorte

"Ya íbamos justos de financiación. Y avanzo lo que habrá en 2011: un caos total", augura Salvador Esteve, alcalde de Martorell y presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), que reúne a buena parte de localidades gobernadas por CiU. Pese a que el Gobierno central ha aceptado no actuar de un día para otro y retrasar al próximo enero la prohibición a los ayuntamientos de endeudarse a largo plazo, el mundo municipal está encendido.

Casi toda la inversión de los ayuntamientos se financia a crédito. En muchos de los casos, los municipios optan a subvenciones para proyectos, como las ayudas europeas (si cofinancian una parte del coste), y ahora temen tener que renunciar a ellas. De igual modo, se inquietan por las obras de financiación plurianual, que quedarán en el aire a partir de 2011. La ACM ha encargado un dictamen sobre la constitucionalidad de la decisión.

Casi toda la inversión municipal se financia con dinero de los bancos

En dos años, las tranferencias del Estado se han reducido el 30%

Con el horizonte de la prohibición, "se ve venir un alud de peticiones de préstamos a la banca este año", señala Manuel Bustos, alcalde de Sabadell y presidente de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC). Esta federación, donde los socialistas son mayoría, comprende la necesidad de austeridad, pero reivindica que la restricción del crédito sea "compatible con toda la obra en ejecución, la que se realice con convenios con otras administraciones o los proyectos cofinaciados programados para este mandato, porque si no tendremos un problema como país".

Bustos se muestra particularmente dolido con "la confusión" que, a su juicio, se ha instalado entre el endeudamiento y el déficit. "Uno puede pedir un crédito y devolverlo sin generar déficit. Que haya algunos ayuntamientos endeudados, como el de Madrid, no significa que se pueda generalizar. Los ayuntamientos no son los que han generado el problema de déficit", insiste.

La Ley de Barrios -uno de los proyectos estrella de la Generalitat para rehabilitar zonas degradadas, que hasta ahora ha llegado ya a 117 municipios y que ha abierto su séptima convocatoria para ampliar su alcance a 140 proyectos- es una de las iniciativas que, según Esteve, "quedarán colgadas en el aire". "Según cómo quede todo, habrá obras en los barrios que, en efecto, no se podrán hacer", coincide Bustos.

Estos proyectos los financian al 50% la Generalitat y los ayuntamientos. En total, la inversión movilizada por ambas partes asciende a 1.158 millones de euros. Martorell percibió, por ejemplo, seis millones de euros para esta iniciativa y tenía que poner otros seis en cuatro años. "Llevamos dos y no podremos completarlo", dice su alcalde. El municipio ha votado una moción para expresar su "disconformidad" con el cierre del grifo al crédito, aunque sea de obligado cumplimiento. "Nuestro 50% está garantizado", tranquiliza el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas (PTOP), que recuerda que la ley admite prórrogas en la ejecuciónUn portavoz del departamento que dirige Joaquim Nadal recordó que está previsto que las obras beneficiadas por la Ley de Barrios se acaben en dos años, prorrogables a dos más; un periodo que es flexible ante complicaciones como la financiación. En su séptima convocatoria, se facilita la entrada de municipios pequeños, con mayor aportación de la Generalitat.

El problema reside en que llueve sobre mojado. Las transferencias del Estado para los gastos de los municipios se han recortado un 30% en los dos últimos años, según Bustos. Además, la caída de la actividad inmobiliaria ha vaciado las arcas municipales.

Por primera vez, las dos grandes agrupaciones de municipios catalanes, la FMC y la ACM, tendrán línea directa con el Gobierno central para abordar sus problemas. Será el próximo 15 de junio, en Barcelona. Sus presidentes se reunirán con el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, para tantear las posibilidades de flexibilizar el cierre del grifo del crédito. Pero muchos ayuntamientos han perdido la paciencia.

En varios consistorios de la provincia de Barcelona desde hace dos semanas se suceden los intentos de moción en contra de las medidas de recorte del déficit propuestas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. En pocos lugares salen adelante, ya que el PSC (y en general ICV-EUiA) ha votado en contra en la mayoría de casos. Por ejemplo, en Viladecans, donde el PP presentó una moción en contra de la congelación de las pensiones. La apoyaron CiU y ERC, pero quedó en el cajón. Le pasó igual a ERC en Sant Quirze del Vallès. Pretendía que se discutiera y aprobara en el Ayuntamiento una rebaja en los cargos de confianza y se evitara reducir el 5% de los sueldos de los trabajadores municipales. No prosperó.

En Terrassa, sin embargo, sí fue aprobada la moción que CiU y el PP presentaron contra la congelación de las pensiones. "En 31 años, en Terrassa el PSC solo ha perdido dos votaciones. Una fue hace seis meses: una moción contra la subida del IVA. Otra ha sido ahora, contra la congelación de las pensiones", subraya Josep Rull, diputado de CiU en el Parlament y regidor en Terrassa. La moción, dice, no es una orden de partido, sino una decisión del grupo municipal. "Los ayuntamientos estamos haciendo un esfuerzo enorme para evitar que la crisis repercuta en la vida de las personas, con medidas para controlar los impuestos, los precios del transporte público... y somos los organismos que menos recursos tenemos. Con la congelación de pensiones se nos exige un esfuerzo aún mayor", lamenta.

Su partido se abstuvo en el Congreso, cuando se votó el plan de recorte de Zapatero. "Esta moción no es incoherente con aquella abstención, porque está en la línea de lo que dijo Duran Lleida

[líder de UDC), que no aceptaba la parte relativa a las pensiones", justifica. La moción se traducirá ahora en una carta a Zapatero donde se expondrá que Terrassa está en contra de la medida.

También en Castelldefels una moción casi idéntica fue rechazada. Pero otra contra la subida del IVA salió adelante, gracias a que el PP, que la presentaba, fue respaldado por CiU y Ciutadans, y el PSC, ICV y ERC se abstuvieron. "Los socialistas se abstuvieron para no ir contra la línea de su partido, pero no votaron en contra", subraya Manuel Reyes, concejal del PP. Reyes asegura que está preocupado por el futuro de las obras. "El barrio de Vista Alegre se presentó el año pasado a la Ley de Barrios. Quedó fuera. Este año ha vuelto a optar porque necesita profundamente una reforma. Pero creemos que ahora queda en el aire, esta obra y todas. Castellfedels tiene 50 millones de euros de deuda. Si a partir de 2011 no puede pedir financiación, no habrá mucho que se pueda hacer", lamenta.