El juez frena una maniobra de Fabra para alargar su caso

El caso Fabra ha llegado, después de más de seis años, a la conclusión de su fase de instrucción, decretada el martes por el titular del Juzgado número 1 de Nules. Sin embargo, el principal imputado, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra (PP), ha intentado que las diligencias previas -el periodo de investigación- se prolongaran por un tiempo impredecible. El juez le ha frenado y ha dado por concluida la instrucción tras encontrar indicios de la posible comisión de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública.

El juzgado esperaba, desde hace más de cuatro años, un informe pericial que "determinara la naturaleza y el origen del incremento patrimonial experimentado" por Fabra; su esposa, María Amparo Fernández; y sus hijos. El presidente de la Diputación recurrió la decisión judicial de realizar el informe, recurrió la habilitación general otorgada a los peritos, que son inspectores de Hacienda, y recurrió al considerar que el acceso a la información de sus cuentas podía lesionar su intimidad. Sin embargo, una vez desestimados estos recursos, no solicitó ninguna prueba semejante.

"Han esperado a que el informe estuviese acabado para proponer otra pericial exactamente igual y con el mismo objeto", responde el juez de Nules, Jacobo Pin, en un auto en el que reprocha a la defensa de Fabra haber solicitado la prueba una vez recibido el papel, cuando "han transcurrido más de cuatro años" desde que la Audiencia Provincial ordenara la elaboración del análisis. Este destapó nueve presuntos delitos fiscales y un fraude a Hacienda de 1,7 millones de euros. Apenas 15 días después de recibir el documento, el juez cerró la investigación.

"No se puede pretender que se practiquen diligencias de prueba indefinidas", añadió el juez para descartar la petición de Fabra.