63 empresas, 11.714 empleos

Las 66 personas que trabajan para el INCAVI, dependiente de la Generalitat, pasarán a ser empleados del IRTA. Los 350 trabajadores de Adigsa serán empleados de la Agencia Catalana de Vivienda, de nueva creación. Y varios entes serán vendidos. En total, la reorganización de empresas públicas, consorcios y fundaciones que el Gobierno anunció ayer afectará de algún modo a 11.714 personas, que trabajan en las mismas según se desprende de los presupuestos de la Generalitat de 2010.

Hasta 63 organismos desaparecerán. Muchos serán absorbidos o hermanados con otros mayores. Pero unos pocos simplemente serán disueltos o vendidos. Cerca de una veintena, la mayoría fundaciones, correrán esta suerte. Aunque sólo nueve de ellos tienen actualmente empleados, según se desprende de los presupuestos, hay en total 2.657 personas que no se sabe dónde recalarán. Como los ocho empleados del Instituto Universitario de Estudios Europeos, los cinco de la Agencia de Patrocinio y Mecenazgo y los más de 2.100 del Consorcio de Prevención y Salud de Terrassa, que según el plan de "racionalización de la Administración" sufrirá "desvinculación o venta" por parte de la Generalitat. El consejero de Economía y Finanzas, Antoni Castells, no especificó ayer ni el número de afectados ni si habría despidos.

La medida pretende poner orden en la amalgama de organismos dependientes de la Generalitat, que ascienden en total a 254. El ahorro de las fusiones y las disoluciones no será muy significativo. Según Castells, se acercará a los 25 millones de euros. Lo que no sobra, dijo, son departamentos. O al menos, señaló, "no tiene sentido eliminarlos a pocos meses de las elecciones autonómicas".