La trama Pretoria 'tocó' a la Diputación de Barcelona

La trama corrupta liderada por el ex diputado del PSC Luis García Sáenz, Luigi, no se limitó a rastrear oportunidades de negocio en operaciones inmobiliarias de ayuntamientos barceloneses, como el de Santa Coloma de Gramenet. El grupo de comisionistas imputados por la Audiencia Nacional y acusados de media docena de delitos buscó también trato de favor de la Diputación de Barcelona, presidida por el concejal de Santa Coloma, el socialista Antoni Fogué.

En una línea intervenida por la Policía, el jefe de la trama, Luigi, recibe el 15 de mayo de 2009 una llamada de alguien que responde al nombre de Carlos. Le pregunta si existe la posibilidad de cenar con el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz. Luigi le dice que para dentro de dos semanas ha quedado con Antoni Fogué y con su esposa, Manuela de Madre. Se da la circunstancia de que ésta fue la predecesora de Muñoz en la alcaldía de Santa Coloma de Gramenet. Además, es diputada socialista en el Parlamento catalán y vicepresidenta del PSC. La intención de Luigi es "colarle" a la Diputación provincial un negocio que no especifica. Según la transcripción del sumario, Luigi asegura que la operación "puede ser de mucho interés". "Si después lo colamos en la Dipu... eso es, palabras mayores", añade.

Ayer fue imposible contactar con el presidente de la Diputación de Barcelona, Antoni Fogué, y en el sumario no consta si el negocio de la trama corrupta llegó o no a consumarse. Se da la circunstancia de que Fogué era inicialmente el concejal llamado a sustituir a Bartomeu Muñoz cuando este fue detenido el pasado noviembre. Al final, la dirección del PSC optó por aupar a la alcaldía a Núria Parlón.

El Ayuntamiento de esta población sigue inmerso en la polémica porque dos de los imputados en el caso siguen trabajando en él. Pascual Vela y Lluís Falcón, imputados en el caso Pretoria, y Manuel Sierra, ex gerente de la empresa municipal Gramepark, que fue destituido por la oficina antifraude catalana al detectar irregularidades en su gestión, siguen en el Ayuntamiento de Santa Coloma. Según explicó ayer la alcaldesa, la ley ampara a estos tres empleados, pues como funcionarios pueden continuar desempeñando una función en el Consistorio. La decisión provocó las críticas de la oposición y de algunas entidades vecinales. Este punto debía ratificarse en el pleno de ayer, pero fue retirado a última hora.

La reunión fue interrumpido por una plataforma vecinal, que pidió a voces la disolución del Consistorio. La alcaldesa aseguró que, más allá de las responsabilidades penales que se deriven del juicio por el caso Pretoria, los servicios jurídicos del Ayuntamiento están estudiando el sumario, hecho público la semana pasada. "Si actuaron de forma incorrecta y encontramos responsabilidades administrativas, se les abrirá un expediente, y a partir de entonces es posible que se proceda a su despido", explicó Parlón.