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COLUMNA

El tribunal de la discordia

El presidente de la Generalitat compareció el lunes ante el Senado para pedir la renovación del Constitucional (TC), estancada en la Cámara alta por la maliciosa propuesta del PP -"lo toma o lo deja"- de dos provocadores candidatos. Esa demora no invalida la capacidad para votar de los magistrados cuyo mandato esté vencido, que "continuarán en el ejercicio de sus funciones -establece el artículo 17 de la ley orgánica- hasta que hayan tomado posesión quienes hubieren de sucederle".

La responsabilidad de los retrasos tampoco recae sobre el TC, sino sobre el Congreso, el Senado, el Consejo de Poder Judicial (CGPJ) y el Gobierno; en el ámbito parlamentario, los únicos culpables son los dos grandes partidos que boicotean el consenso preciso para reunir los 3/5 de escaños necesarios de las Cámaras. Las injustificadas tardanzas y el cínico descaro de unos partidos que se consideran impunes suscitan la imagen espectral de un Constitucional que se extinguiría a la larga por la desaparición física de unos magistrados vitaliciamente en funciones.

El presidente de la Generalitat pide en el Senado la renovación del Constitucional

El panorama es desolador. No sólo el mandato de los cuatro magistrados elegidos en diciembre de 1998 por el Senado concluyó a finales 2007. También la plaza de un quinto magistrado, votado por el Congreso en octubre de 2001 y fallecido hace casi dos años, se halla vacante. De añadidura, el próximo otoño concluirán su periodo de nueve años los otros tres magistrados designados por la Cámara baja. Si la renovación continuase paralizada, sólo cuatro de los doce miembros del Constitucional llegarían a finales de 2010 con su mandato en regla, si bien únicamente tres podrían participar en la votación sobre el Estatuto de Cataluña, a causa de la fraudulenta recusación de Pablo Pérez Tremps interpuesta por el PP y aceptada por sus desleales colegas.

Pero la autoridad política y el prestigio jurídico de una institución como el Constitucional son tan importantes como la legalidad de sus decisiones. El visible deterioro sufrido durante los últimos años por un tribunal profundamente dividido es consecuencia de su vasallaje a la lógica del poder y a los intereses partidistas, aunque su presidenta culpe de ese desgaste a los críticos y se refugie tras los cortinones protectores del TC para rehuir sus responsabilidades.

El interés de José Montilla por la renovación del TC es tan poco inocente como la resistencia de los populares a facilitarla. El Constitucional tiene pendiente desde hace casi cuatro años la sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP contra el nuevo Estatuto de Cataluña de 2006, aprobado por el Parlamento autónomo, las Cortes Generales y un referéndum celebrado dentro de la comunidad autónoma. La división interna en tres bloques le impide al Tribunal Constitucional dictar el fallo.

Dada la correlación de fuerzas parlamentarias, cualquier cambio en la composición del Constitucional durante esta legislatura sería beneficiosa para el Gobierno socialista y perjudicial para el PP. Es seguro que el actual TC no declarará plenamente constitucional el Estatuto: el quinto borrador de sentencia -derrotada el pasado mes de abril- se aproximaba a los criterios de la Generalitat, pero discrepaba sobre cuestiones tan sensibles como los símbolos nacionales, la lengua propia, la organización judicial y la bilateralidad. El llamamiento de Montilla a la renovación arroja más gasolina a la hoguera, ya que el alto tribunal, una vez remozado, podría dictar una sentencia favorable a la Generalitat; en términos futbolísticos -apuntan algunos críticos-, la renovación equivaldría a cambiar de árbitro una vez comenzado el partido y con el marcador en contra.

El actual tribunal de la discordia, abierto solo a las coaliciones negativas obstruccionistas e incapaz de acordar una sentencia, ofrece dilemas de pésima salida. El Constitucional no puede invocar el non liquet del Derecho romano y está obligado a resolver todos los conflictos planteados ante su sede: el recurso del PP contra el Estatuto de Cataluña no podría quedar sin respuesta. Pero el TC tampoco puede recurrir al mecanismo de la Sala de la Discordia de la Ley del Poder Judicial, a fin de construir una mayoría capaz de dictar sentencia mediante la incorporación de nuevos magistrados. ¿Quién y cómo cuadrará el círculo?

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 26 de mayo de 2010