El PP frena otra vez la renovación de cuatro magistrados del Constitucional

Nadie quiere admitirlo abiertamente en público, y los dos grandes partidos insisten en su voluntad de renovar el Tribunal Constitucional, pero en privado todas las fuentes consultadas ven muy complicado lograr una nueva composición de ese órgano judicial antes de las elecciones catalanas, previstas para noviembre. Formalmente, el proceso de renovación se puso en marcha ayer. Los socialistas plantearon en la Junta de Portavoces del Senado, la Cámara que debe renovar a cuatro de los 12 miembros del tribunal, la petición de que se convoque la Comisión de Nombramientos para que evalúe a los candidatos. Todos los grupos lo aceptaron, por lo que el mecanismo se ha iniciado. Sin embargo, el PP pidió que antes se elabore un informe de los servicios jurídicos del Senado para saber si es necesario solicitar a las comunidades autónomas que ratifiquen sus propuestas. Tanto el PSOE como el PP se acusaron mutuamente de no querer renovar el tribunal.

López no cumple el requisito de más de 15 años de actividad efectiva como jurista

En lo que coinciden todas las fuentes es en la enorme dificultad política y lentitud de todos los procesos necesarios. El PP, además, insiste en mantener a sus dos candidatos, Francisco Hernando y Enrique López. De hecho, son los únicos candidatos del PP que han llegado al Senado, y para cambiarlos habría que reiniciar el proceso. La única posibilidad, si hubiera un pacto PSOE-PP que no incluyera por ejemplo a López, el más polémico, pasaría por los Parlamentos de Galicia, cuya comunidad preside Alberto Núñez Feijóo, y el País Vasco, donde el PSE gobierna con el apoyo del PP, cuyo líder es Antonio Basagoiti.

Como explicó ayer Pío García Escudero, portavoz del PP en el Senado, estos son los dos únicos Parlamentos que se han renovado desde que se inició el proceso -en 2009 hubo elecciones en estas dos autonomías- y por tanto sus diputados tendrían legitimidad para mandar nuevos candidatos, entre los que podría estar algún nuevo nombre. Fuentes del PP insistían en que no se trabaja en esa línea. Otra posibilidad sería pedir a Asturias y Baleares, las dos comunidades que no presentaron candidatos, que lo hagan ahora.

Incluso en el mejor de los casos, los plazos son muy complejos, puesto que en los meses de julio y agosto no hay plenos salvo los extraordinarios, ni en el Senado ni en los Parlamentos autónomos que deberían aprobar nuevos candidatos. Todos los aspirantes deben comparecer en la Comisión de Nombramientos para examinar su idoneidad. Si el PP insiste con López, se encontrará con el problema de la legalidad de su candidatura. A finales de 2008 se encargó un informe jurídico que advertía de que, según la interpretación que hizo el Supremo con el caso de Eligio Hernández, López no cumple con el requisito de tener más de 15 años de actividad efectiva como jurista, porque sus años en el Poder Judicial no pueden ser computados.

Al final del proceso, si el PP insistiera con sus candidatos y no hubiera acuerdo, la Comisión de Nombramientos podría abrir un plazo para que los grupos, y no las comunidades, propongan a otros nuevos. Podría ocurrir que todos los grupos pacten unos candidatos y el PP se vea forzado a tener que rechazarlos públicamente.