Cambio de prioridades

En la reunión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado celebrada ayer, el grupo socialista aceptó que el objetivo prioritario en relación al recurso sobre el Estatuto de Cataluña es ahora la renovación del Tribunal Constitucional. La número dos del PP, Dolores de Cospedal, aun defendiendo que lo mejor es que haya una sentencia cuanto antes, no se opuso a abordar esa renovación, argumentando que era el PSOE el que la había paralizado.

Ambos partidos vinieron así a dar la razón al presidente Montilla, quien, de los cuatro puntos recogidos en la resolución adoptada por el Parlamento catalán a finales de abril, puso el acento únicamente en el de la renovación de los cuatro magistrados con el mandato vencido y cuya elección corresponde al Senado, dejando aparcados, con criterio realista, los que reclamaban el cambio de la ley del Constitucional y que este Tribunal se declarase incompetente para pronunciarse.

Todos pusieron, por tanto, algo de su parte para intentar salir del callejón en que se encuentra el asunto. El PP advirtió, sin embargo, que mantiene a los dos únicos candidatos a los que votaron coordinadamente (en probable fraude de ley) sus representantes en todas las autonomías. El PSOE rechazó esos candidatos, Francisco Hernando y Enrique López, por razones no del todo bien explicadas en su momento. Se alegó que su acusado perfil derechista les incapacitaba para suscitar el necesario consenso. Pero había entonces una razón de más peso: ambos eran claramente recusables para pronunciarse sobre el Estatuto catalán, dado que habían impulsado e intervenido en la redacción de un dictamen sobre esa norma emitido por el CGPJ cuando formaban parte del mismo.

El PSOE no dejó claro ayer si, en coherencia con el cambio de prioridades, va a retirar su veto a esos dos candidatos: una vez fracasado el sexto intento de votar una ponencia, considera que lo más urgente es la renovación, sin la que la resolución podría contar con una legitimación insuficiente, con cuatro de los 10 magistrados caducados. La determinación de la presidenta del alto tribunal, María Emilia Casas, de asumir personalmente la redacción de la ponencia desde su posición arbitral es un gesto de buena voluntad con escasas posibilidades de suscitar un consenso mayor que los intentados anteriormente. De ahí que, antes de prolongar esta situación, lo mejor es que se renueve el Tribunal.