Italia prepara un ajuste de 27.500 millones sin tocar la política social

El Gobierno italiano sigue ultimando los detalles del ajuste presupuestario de 27.500 millones para 2011-2012 exigido por la Unión Europea. El ministro de Economía, Giulio Tremonti, había previsto en un primer borrador un tique sanitario de 7,5 euros, es decir, obligar a los usuarios de la Seguridad Social a pagar esa cantidad cada vez que visiten un especialista. Pero, según fuentes gubernamentales, Silvio Berlusconi, preocupado por el coste político de la medida, ha frenado el copago en la sanidad.

La prensa italiana ha dibujado la preparación del macroajuste financiero como una pugna política entre el policía malo -un Tremonti presentado como un tecnócrata implacable y cercano a las tesis federalistas de la Liga del Norte- y el policía bueno -un Berlusconi que intentaría a toda costa que el recorte no sea un mazazo a los más necesitados-. La oposición ha atacado con dureza al Gobierno, anticipando que la factura la pagarán "los de siempre". Berlusconi ha replicado que "el ajuste no será una carnicería social", y ha prometido: "No tocaremos las pensiones, la escuela, la sanidad ni los impuestos".

Berlusconi ha parado la iniciativa de cobrar 7,5 euros por consulta médica

Más silencioso, Tremonti, reunido con los técnicos del ministerio todo el fin de semana y en permanente contacto con Bruselas, parece decidido a lanzar una señal fuerte y rápida a los mercados de deuda. Y en sus encuentros con los agentes sociales ha diseñado un plan que combina un radical recorte del gasto público y social con la búsqueda de nuevos ingresos.

Así, se da por segura la reducción de los gastos ministeriales en un 8%; la bajada del 10% en los sueldos de ministros, secretarios de Estado y parlamentarios; la congelación bianual de los salarios de militares, jueces, policías y profesores universitarios; el cierre durante seis meses de una de las cuatro ventanas que conducen a las pensiones, lo que afectaría a miles de trabajadores en edad de jubilarse, y un recorte de 4.900 millones del gasto de los entes locales.

Además, el Ministerio de Economía pondrá bajo control directo a la dispendiosa Protección Civil, cuyas prerrogativas para organizar grandes eventos han generado el mayor escándalo de corrupción de la era Berlusconi.

Tremonti ha anunciado que el grueso del ajuste saldrá de la lucha contra la evasión fiscal y la economía sumergida, capítulo en el que Italia figura, según un estudio de la Universidad de Linz (Austria), solo por detrás de Grecia y un poco por delante de España. Según esas estimaciones, los italianos ocultan al fisco 270.000 millones de euros anuales, lo que supone que el Estado deja de recaudar 100.000 millones (un 22,2% del PIB, frente al 25,2% de Grecia y el 19,8% de España y Portugal). Entre otras cosas, el Gobierno reducirá los pagos en efectivo o los cheques a los 7.000 euros (hoy el límite es de 12.500).

La medida más polémica será, probablemente, la amnistía para las casas fantasma; es decir, la regularización sin multa de las miles de viviendas construidas sin licencia. Se calcula que la decisión, que la oposición interpreta como un regalo a las mafias, puede suponer 6.000 millones en nuevos impuestos.