Roma espera ahorrar 24.000 millones en dos años

Reducir el peso del gasto y el empleo públicos; luchar contra la evasión fiscal y la economía sumergida, y controlar el derroche de los entes locales para enviar un mensaje de rigor a los mercados y los especuladores. Esas son las líneas que marcan el plan de austeridad que presenta esta tarde el Gobierno italiano.

El ajuste alcanzará un valor global de 24.000 millones, repartidos a la mitad entre 2011 y 2012, con la intención de reducir el déficit público un 2,3% en tres años. Casi la mitad del ahorro será aportado por las regiones y los entes locales, que verán recortados sus gastos y reducidas algunas competencias.

Silvio Berlusconi, refugiado en su optimismo proverbial, ha negado durante dos años la crisis y después ha presumido de que Italia lideraba la recuperación mundial. Finalmente, esta tarde presentará a la prensa un plan financiero que su número dos, Gianni Letta, justificó ayer de forma dramática. "Italia necesita hacer grandes sacrificios para escapar del peligro de Grecia; esperemos que sean provisionales", dijo Letta.

El jefe del Estado, Giorgio Napolitano, desde Washington, exigió que el ajuste reparta los sacrificios de manera equitativa. Las primeras reacciones de los agentes sociales son de descontento y malestar. El sindicato mayoritario, la CGIL, ha invocado de forma inmediata la huelga general; los entes locales y la oposición han sido muy críticos al conocer los detalles de la maniobra.

El líder del Partido Democrático, Pierluigi Bersani, ha calificado el plan como "un pastiche muy deprimente: no toca los problemas estructurales, propone recortes indiscriminados y no crea crecimiento". Antonio Di Pietro, líder de Italia de los Valores, ha pedido la dimisión de Berlusconi por "haber mentido a los ciudadanos y haber llevado el país a la antecámara de Grecia".

Tras la reunión del Gobierno con los agentes sociales, Guglielmo Epifani, secretario general de la CGIL, ha definido el ajuste como "una iniquidad social: los trabajadores pagan el grueso del ajuste; las rentas de un millón de euros no se tocan, las de los funcionarios que ganan 1.500 euros y los pensionistas que se deben jubilar, sí".

Las regiones, representadas por Vasco Errani, han afirmado que el plan "es insostenible porque recortará los gastos y por tanto los servicios a los ciudadanos hasta límites increíbles".

Las medidas

Las medidas mezclan una contención radical del gasto público, sobre todo para las regiones y los ayuntamientos (se calcula que perderán 10.000 millones en dos años). Según ha trascendido, el Gobierno congelará durante tres años los salarios de los funcionarios, reducirá las retribuciones de los ministros y parlamentarios y bloqueará temporalmente el acceso a la jubilación del 75% de los trabajadores, incidiendo especialmente sobre las mujeres. En el sector privado, el ajuste prevé aumentar la cuota fiscal a las opciones por acciones y los bonos variables de los directivos.

En la lucha contra la evasión fiscal y la búsqueda de nuevos ingresos, se obligará a los profesionales a facturar todos los servicios por encima de los 3.000 euros y se limitarán los pagos en metálico hasta los 5.000 euros para reducir la evasión fiscal.

Además, se decide la regularización, con una multa, de 2,5 millones de inmuebles ilegales, partida que puede suponer 5.000 millones de euros en nuevos impuestos; y se habilitarán nuevos peajes en las circunvalaciones de las ciudades.

Según la CGIL, el grueso del ahorro lo aportarán los funcionarios y las clases medias, que pagan religiosamente sus impuestos y han abonado ya, por adelantado, la factura de una crisis que en dos años ha elevado el desempleo hasta los 2,1 millones de parados (el 8,8%) y ha obligado a cerrar miles de fábricas y empresas.

El ministro de Economía, Giulio Tremonti, lleva dos semanas tratando de cuadrar la maniobra exigida por la UE y el FMI para el bienio 2011-2012. Los problemas italianos, según la OCDE, proceden de la elevada deuda pública (el 116% del PIB, con un déficit del 5,3%) y de la excesiva carga de la Administración pública sobre la economía.

Con 3,5 millones de funcionarios, Italia es el quinto país europeo, tras Irlanda, Grecia, Portugal y España, donde más ha aumentado el gasto del sector público desde 1999 hasta ahora: creció un 42,5% frente al 35,7% de la media europea, el 53,1% de España, el 110,8% de Irlanda y el 17,1% de Alemania.

Contra los 'furbi'

Alarmado por su caída de popularidad (que se sitúa en el mínimo de la legislatura), Berlusconi se ha visto forzado a admitir algunos sapos de difícil digestión. La omnipotente Protección Civil, base del Governo del fare (el Gobierno que hace cosas) y fuente del escándalo de corrupción de los Grandes Eventos, pasará a ser controlada directamente por Tremonti, según las primeras noticias.

El ajuste también golpeará el bolsillo de sectores tradicionalmente favorables al centro derecha, como los dirigentes de los 10.000 entes públicos; los profesionales poco entusiastas de facturar el IVA y los 500.000 empresarios que declaran al fisco rentas de menos de 15.000 euros al año.

"El objetivo principal es controlar la deuda pública reduciendo un 0,8% el déficit en 2011 y un ulterior 0,8% en 2012", ha dicho el ministro Tremonti durante la reunión con los agentes sociales. "Y lo haremos con una gran batalla contra la evasión fiscal".

El golpe de mano contra los furbi (los pícaros) y los evasores no deja de ser irónico, porque Berlusconi ha sido juzgado varias veces por tener cuentas secretas en paraísos fiscales y ha justificado la evasión cuando los impuestos son demasiado elevados. La paradoja es que, en otoño pasado, Tremonti aprobó un escudo fiscal que permitió a evasores y mafias repatriar 95.000 millones del extranjero pagando una multa del 5%.

Según los datos de Hacienda, Italia deja de ingresar cada año al menos 100.000 millones de impuestos por culpa de los evasores, y la economía sumergida supone ya un 22% del PIB.

Seguramente, el ex primer ministro Romano Prodi habrá sonreído al ver plasmada en el ajuste de sus adversarios la vieja obsesión del centro izquierda. La limitación de los pagos en metálico a 5.000 euros fue aprobada por Prodi en 2006 e inmediatamente cancelada por Berlusconi cuando volvió al Gobierno en 2008 tras ganar las elecciones al grito de "la izquierda quiere un estado de policía fiscal".

Fabio Pammolli, director del Centro de Estudios de Política Económica, piensa que el ajuste "alinea a Italia con la política de rigor en las cuentas y contención del gasto" reclamada por Bruselas, Alemania y el FMI. "El ajuste es urgente e inevitable. Es también drástico, pero el fardo del gasto público italiano es excesivamente alto para nuestro nivel de deuda y no había alternativa. Las medidas son en general adecuadas porque inciden sobre todo en los gastos de personal y compras de los entes estatales y locales, que se comen en algunos casos el 90% del presupuesto".

Además, añade Pammoli, "se incide en el sector privado luchando por fin contra la evasión fiscal y la economía sumergida, con más controles de la gran iniquidad del país".

Berlusconi, en todo caso, saldrá tocado del ajuste. Cumple su promesa clásica de no subir los impuestos, pero a cambio renuncia a las reformas estructurales que Italia necesita para generar empleo y crecimiento y mejorar la productividad. Escasean las propuestas contra la corrupción, el paro juvenil y femenino y el creciente poder de las mafias, que facturan 150.000 millones de euros anuales (datos de la patronal).

Los expertos consideran esas rémoras el gran obstáculo a la modernización. Mientras tanto, la CGIL señala que los salarios y la renta familiar siguen decreciendo de forma inquietante. 13,6 millones de trabajadores ganan menos de 1.300 euros netos al mes; de los cuales 6,9 millones cobran 1.000 euros o menos. Entre 2002 y 2008, la renta media familiar ha perdido cada año 1.599 euros entre los obreros, y 1.681 euros entre los empleados.