El acuerdo sobre el mercado laboral se atasca por el coste del despido

La reforma laboral entra en su semana decisiva. El pasado martes, el presidente Zapatero la señaló como la nueva gran prioridad del Gobierno y fijó un plazo muy concreto: antes de finales de mayo. Pero sus intenciones tropiezan con un viejo conocido del diálogo social, el despido. La insistencia de la patronal en rebajar las cotizaciones sociales y la negativa sindical en este punto hacía prever que las mayores dificultades llegarían por esta vía. Pero visto que las estrecheces presupuestarias cierran este camino, el tira y afloja se centra ahora en aspectos relacionados con el despido, apuntan fuentes de la negociación. Y ahí se levanta un muro que, de momento, evita que Zapatero logre su objetivo con la aquiescencia de patronal y sindicatos.

El recorte del gasto hace imposible la rebaja de cotizaciones que pide la patronal

Desde que hace cuatro meses el Gobierno presentó el documento que sirvió de base para abrir la negociación, el debate sobre el despido y su indemnización está sobre la mesa. Se abría así a una demanda lanzada insistentemente desde organismos internacionales, el Banco de España y la patronal.

El Ministerio de Trabajo quiere generalizar el uso del contrato con 33 días de indemnización por año trabajado frente al ordinario de 45. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la patronal, pero no con el de los sindicatos. "Nos oponemos a la sustitución de uno por otro", explica Fernando Lezcano, portavoz de CC OO, que considera que la consecuencia inmediata sería la marginación del contrato ordinario. Y, por tanto, el abaratamiento del despido por la vía de los hechos.

Pero donde ha surgido el mayor escollo es en la exigencia de la patronal de redefinir las causas del despido. Fuentes de la negociación apuntan que, visto que no había posibilidad de lograr la anhelada rebaja de cuotas, la patronal viró la proa hacia una nueva definición de las causas del despido objetivo o procedente, que cuenta con una indemnización de 20 días frente a los 45 o 33 del improcedente.

Entre otras modificaciones, la patronal pidió que fuera considerado motivo de rescisión de contrato la caída de la facturación o la ausencia del trabajo durante ocho días durante dos meses. Y eso es algo por lo que los sindicatos no están dispuestos a pasar. "La patronal sigue hablando de abaratar la entrada y la salida del puesto de trabajo", resume Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT.

Pero si la negociación a dos partes -"desde hace dos semanas se le ha pedido al Gobierno que se mantenga al margen", apunta un interlocutor- se ha encallado por esta vía, qué duda cabe de que la irrupción del plan de ajuste del Ejecutivo ha asestado un golpe muy duro a las conversaciones.

Para empezar, como han repetido los secretarios generales de UGT y CC OO, los sindicatos han perdido la confianza que tenían en el Gobierno. Además, los representantes de los trabajadores temen que una vez cerrado el grifo presupuestario no haya dinero para financiar los tres aspectos donde las posiciones de los tres actores estaban más cercanas: el plan de empleo juvenil, la reordenación de las subvenciones a la contratación (las llamadas bonificaciones) y la reducción de jornada como forma de ajuste de los gastos salariales (el conocido modelo alemán). "Extraoficialmente nos han dicho que hay entre 1.200 y 1.500 millones que probablemente saldrán de la reordenación de partidas", explican sin mucha fe fuentes sindicales. En este contexto, pocos creen que sea posible el acuerdo. De las seis personas consultadas para escribir esta información, ninguno ve cercano el acuerdo y mucho menos en tan poco tiempo. Ni por el lado empresarial, ni por el sindical, ni por el político se confía en el pacto. "Hay muy pocos avances desde el 12 de abril", dibujan fuentes muy próximas a la negociación.

Pero desde todos los ámbitos, tanto en público como en privado, se coincide en que tampoco se puede dilatar más tiempo las conversaciones. De hecho, el ministro Celestino Corbacho ya empezó el viernes a repartir responsabilidades, al señalar que los sindicatos serían responsables del fracaso de las negociaciones.

Y si se aleja el acuerdo, sube enteros la reforma por decreto. El Gobierno lo ha advertido varias veces a lo largo de este mes. No está dispuesto a que las conversaciones se eternicen y recurrirá al decreto. Y eso pone en guardia al movimiento sindical, temeroso de que la decisión unilateral del Gobierno tome los mismos derroteros que el plan de ajuste. Por eso, los representantes de los trabajadores ya han advertido que ese camino conduce directamente a la huelga general (como pasó en 2002, frente al Gobierno de José María Aznar).

Sea por decreto o por acuerdo, uno de los aspectos que se abren paso en la ya próxima reforma laboral es la adaptación española del modelo austriaco. Nadie se atreve todavía a aventurar si impondrá una nueva cuota a las empresas para sufragar un fondo para el trabajador que se acumulará hasta su jubilación o será simplemente un seguro de despido que sufragará parte de la indemnización (el 40%), tal y como esbozó el encargado del Gobierno para el Diálogo Social, Alfonso Morón, el 12 de abril.