Sus fechorías salen gratis: paga el ciudadano

La Administración estadounidense aprobó entre 2008 y 2009 más de 800.000 millones de euros para evitar la quiebra de su sistema financiero. Casi todos los grandes bancos y empresas financieras y de seguros (Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, Merrill Lynch, AIG, Bearn Stearn, Fannie Mae, Freddie Mac, entre otros) se acogieron a ellas con júbilo. Los países de la Unión Europea, que también habían salido al rescate de sus bancos (Deutsche Bank, BNP, Fortis, ING, Commerzbank, Royal Bank of Scotland y una larga lista), ahora se han conjurado para salvar a países enteros como Grecia. La mayoría de los responsables de ese fiasco planetario han sido señalados con el dedo por los Gobiernos y las instituciones que acudieron en su ayuda. Pero han salido indemnes en los tribunales.

Un ejecutivo de Goldman se jacta de cómo engañó a los mercados

Ningún político griego ha sido llevado al banquillo por corrupción

La responsabilidad está repartida entre supervisores y supervisados

En EE UU se habla de comunismo al revés, de socialismo para ricos

De ese ámbito de impunidad apenas se escapan excepciones relevantes como el financiero estadounidense Bernard Madoff, sentenciado a 150 años de cárcel tras haber protagonizado la mayor estafa piramidal de la historia, de 50.000 millones de dólares. Sus colegas de fechorías, como Dick Fuld, que llevó a la quiebra a Lehman Brothers, no solo están en la calle, sino que disfrutan de una generosa jubilación gracias a los bonus millonarios con los que fueron recompensados, pese a haber llevado a la ruina a sus empleados y accionistas.

El debate sobre estos crímenes sin castigo se reproduce ahora a escala estatal. Los gobernantes griegos, especialmente los de centro-derecha, falsificaron las cuentas públicas dejando al país al borde del colapso. La mayoría de ellos se sientan ahora como oposición en el Parlamento heleno sin ningún complejo de culpa. Solo el presidente griego, Karolos Papulias, ha pedido públicamente que los responsables de la crisis, "los especuladores, los defraudadores de impuestos y los corruptos", paguen "por llevar al país al borde del abismo".

En España aún no han reventado grandes escándalos financieros, pero los primeros casos, como la intervenida Caja Castilla La Mancha, apuntan en la misma dirección: sus gestores y consejeros han salido indemnes salvo multas de escasa cuantía e inhabilitaciones.

"No es nuevo que los banqueros disfruten de gran impunidad, como hemos podido comprobar incluso en nuestro propio país antes y después de la crisis. Tras esta última, creo que se ha hecho aún más evidente que los Gobiernos están sometidos a su voluntad. Prácticamente ninguna de las grandes propuestas de los Gobiernos del G-20 orientadas a someter a mayor control la actividad especulativa de los financieros se han llevado a cabo", indica Juan Torres, catedrático y miembro de la organización Attac, que propone gravar las transacciones internacionales de la banca.

El único gran proceso que se sigue en la actualidad es el abierto por el fiscal general de Nueva York, que investiga a ocho grandes bancos (Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, UBS AG, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Credit Agricole y Merrill Lynch) por engañar y sobornar a las agencias de calificación para conseguir buenas clasificaciones por sus productos de alto riesgo y, en particular, las hipotecas basura.

Del poder y la discrecionalidad con que funcionaban bancos y agencias, dan prueba dos ambiciosos ejecutivos -ambos de 31 años- de Goldman Sachs, ahora en el ojo del huracán. Fabrice Tourre, francés y educado en Londres, se dio cuenta mucho antes que el resto de que el mercado hipotecario en EE UU se iba a hundir, como prueban los correos electrónicos que cruzaba con sus colegas, en los que denominaba "mierda" a las que luego se conocerían como hipotecas subprime. Pese a ello, el Fabuloso Fab, como le apodaban sus envidiosos compañeros, siguió empaquetando productos financieros bajo la garantía de esos préstamos y vendiéndoselos a sus mejores clientes. Causó pérdidas directas de 800 millones de euros. ¿Está en prisión? No, ocupa una vicepresidencia de Goldman en Londres.

Su compañero Tetsuya Ishikama, de origen japonés, pero también formado en Londres, ha ido mas allá y ha llegado a publicar un libro (Cómo causé el colapso del crédito) en el que se jacta de haber disfrutado de una vida de excesos, coches deportivos y bailarinas de striptease incluidas, traficando con derivados financieros de alto riesgo. ¿Está en prisión? No, trabaja para la firma financiera Amias Berman y su novela le ha aupado al estrellato de los gurús que han sabido sacar provecho de la crisis.

"Muchos administradores parecen olvidar que cuando se pertenece a un consejo de administración se forma parte de la gestión activa de una entidad y eso implica también responsabilidad, para ejercerla y para exigirla, si llega el caso. En épocas de bonanza esto parece no tenerse en cuenta, y cuando llegan las vacas flacas se tiende a escurrir el bulto. En el trasfondo de estas cuestiones hay una lucha entre la necesidad de depurar responsabilidades de los culpables ante la sociedad y un fortísimo lobby financiero que, en algunos casos, ha jugado y juega con astucia en la delgada línea que separa el riesgo de la imprudencia e incluso del fraude", señala Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada y consultor del Banco de la Reserva Federal de Chicago.

En el caso de la crisis griega, no obstante, hay otros factores en juego, el primero de ellos la actuación de los políticos (el 98,6% de los griegos cree que los responsables de la crisis son los políticos, según un sondeo del 8 de mayo hecho por RealNews). La arraigada cultura de la corrupción y el protagonismo de una clase política a menudo en connivencia con el fraude, cuando no defraudadora, provocan una sensación de impunidad que ha calado hondo en el imaginario colectivo.

Durante los últimos 30 años, la sociedad griega ha recibido continuos mensajes de impunidad desde el poder, infinitos casos de corrupción que se han saldado con escasas dimisiones o ceses y, menos aún, con procesos judiciales: el caso Koskotás (financiación irregular del partido socialista en los años ochenta del pasado siglo); el escándalo del maíz, en 1987, cuando Grecia vendió a la Comisión Económica Europea maíz yugoslavo haciéndolo pasar por griego para recibir subvenciones; o los dos más recientes, aún bajo investigación, el caso Siemens (pago de sobornos por la empresa alemana a funcionarios del Gobierno griego para lograr adjudicaciones en los Juegos Olímpicos de 2004) y el caso Vatopedi, una venta irregular de unos terrenos de la Iglesia ortodoxa previa recalificación fraudulenta.

En un escándalo menor, en 1988, el responsable de la eléctrica estatal se apropió de varios millones de dracmas del erario público. Fue apartado del cargo, pero la opinión pública recibió este nada ambiguo mensaje del entonces primer ministro, Andreas Papandreu: "Hombre, normal que mangue, ¡pero tanto...!".

"La estupidez en la gestión de las finanzas públicas; la falta de credibilidad de los políticos o incluso el hecho de plegarse a las demandas de la UE, que además acude en ayuda de quienes lo han hecho mal, son mensajes que calan en la opinión pública", opina Konstantinos Tsukalas, catedrático emérito de Sociología de la Universidad de Atenas. "Tras el fracaso de las instituciones, de la justicia, de la educación, del Estado, en suma, se necesita una credibilidad nueva para poder pedir responsabilidades, que es la otra cara de la moneda, el otro lado del espejo público".

La crisis griega hunde sus raíces en una cultura donde la dádiva y los favores ocupan el lugar de los derechos, por lo que para algunos expertos la clave de la regeneración es la educación, más que el castigo político en las urnas o la actuación de la justicia.

"Los códigos de valores que manejamos no valen; son códigos esclerotizados, caducos, más propios de siglos pasados que del XXI. Si no cambias a los jóvenes y les haces ver que no pueden funcionar con códigos propios de una sociedad menor de edad, que es donde las culpas se disculpan o se castigan, pero no se asumen, no cambias nada", sostiene Zalia Draghona, ex diputada socialista y especialista en educación.

José María Martínez, secretario general del sector de banca de CC OO, también considera que hay un problema de costumbres. "Es que el problema no está tanto en las reglas -que hay que reformar y, sobre todo, hacer cumplir-, sino en las costumbres, y uno de los principales problemas es que las responsabilidades están igualmente repartidas entre supervisores y supervisados. Algo empieza a moverse en relación con el próximo G-20 (control de agencias calificadoras, restricciones a las operaciones a corto, posible tasa a las operaciones financieras). Pero, sin duda, poco se atisba sobre las medidas coercitivas y punitivas, y, desde luego, sin castigo, volverán los criminales".

En EE UU han hablado sin ambages de un comunismo al revés. Y no lo han hecho precisamente activistas antisistema sino inversores como Jim Rogers, cofundador junto con George Soros de Quantum, uno de los mayores fondos de alto riesgo: "EE UU es ahora más comunista que China. Pero se trata de un socialismo para ricos. Se está rescatando a los financieros, a los bancos y a la aristocracia de Wall Street, no a la gente humilde que quiere pagar su hipoteca".

Y mientras directivos como Tourré y Ishikama disfrutan de su fama y su hacienda, y los políticos griegos andan a la greña para decidir quién fue más corrupto y se mantienen debates filosóficos sobre quién tuvo la culpa, millones de contribuyentes, pensionistas y funcionarios de países como Estados Unidos, Grecia, Portugal, Reino Unido y España se hacen cargo de las facturas de sus fechorías.