El PP busca ramificaciones del 'caso De Miguel' en Vizcaya

El PP quiere tirar del hilo del caso De Miguel para saber hasta dónde pueden llegar sus ramificaciones fuera de Álava. El grupo juntero popular en Vizcaya ha solicitado información de si la Diputación de este territorio o sus empresas y organismos concedieron subvenciones a más de una decena de empresas que podrían estar vinculadas con la trama que investiga el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria y que ha supuesto la imputación de 11 personas, entre ellos ex altos cargos y militantes del PNV.

De las dos ramas principales de la supuesta trama, las actividades relacionadas con el Parque Tecnológico de Miñano, por un lado, y la consecución de contratos públicos a través de sociedades como Kataia Consulting, por otro, las solicitudes se centran en la segunda.

Cultura contrató al menos tres veces a Kataia durante la pasada legislatura

La batería de preguntas que el PP ha registrado en las Juntas, presentadas por sus junteros Arturo Aldecoa y Jesús Isasi, insta a la Diputación a explicar también si tanto la institución foral como sus sociedades públicas u organismos han contratado a estas empresas. En la mayoría de los casos, piden que la información se remonte a 2004.

Entre las compañías mencionadas figuran Urbanorma o Kataia Consulting, que tenía por administradoras a las esposas de Alfredo De Miguel, Koldo Otxandiano y Aitor Telleria -los seis están imputados-; así como Errexal, que compartía sede con Kataia en la sociedad gastronómica de De Miguel en la calle Etxezarra de Vitoria.

El PP también inquiere sobre empresas cuyos propietarios están imputados en la trama, caso de Construcciones Loizate, que recibió varios contratos de los gobiernos de Juan José Ibarretxe.

Fuentes populares afirmaron que el objetivo es "recabar información" para hacerse una idea de la magnitud de la red.

Mientras, el Gobierno ha confirmado en respuesta a una pregunta parlamentaria del PP que el Departamento de Cultura firmó tres contratos en 2007, en la anterior legislatura, con Kataia. Su importe total ascendió a 34.075 euros. Ninguno superaba el umbral de los 12.000 euros a partir del cual es obligatorio convocar un concurso, informa Europa Press.

Uno de los contratos estaba destinado a "la grabación y análisis" de los participantes en el programa de juventud vasca cooperante entre 2004 y 2006, por un total de 11.890 euros. El segundo se destinó al diseño y montaje de un pabellón de la red de albergues juveniles de Euskadi (11.165 euros). El tercero, por un importe de 11.020 euros, tenía por objeto un curso para promover el voluntariado.