De Miguel y Tellería amenazaron al padre de Alberdi si no les pagaba 120.000 euros

Alfredo de Miguel controlaba desde su ordenador personal en la Diputación de Álava las operaciones relacionadas con una supuesta red de corrupción, que operaba desde hacía varios años en este territorio, según se desprende de los numerosos correos electrónicos incautados en el proceso de investigación iniciado a finales del pasado mes de diciembre y que son recogidos en el sumario abierto el pasado viernes, y al que ha tenido acceso EL PAÍS. Quizá el diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial nunca llegó a pensar que esos correos electrónicos le acabarían delatando ante la justicia.

Precisamente uno de sus múltiples correos eléctrónicos, en este caso enviado a Ainhoa Alberdi -en su condición de administradora de Urbanorama tras el acuerdo de ésta con el ahora imputado Iñaki Etxaburu- alentó la investigación del denominado caso De Miguel. En su contenido, la mano derecha del diputado general de Álava, Xabier Agirre, reclamaba a Alberdi el pago inmediato de 120.000 euros. De Miguel le recordaba así la deuda que Urbanorama tenía contraída según las condiciones del contrato de prestación de servicios firmado por la propia Ainhoa Alberdi con la red de Parques Tecnológicos del País Vasco, representada en noviembre de 2006 por su máximo responsable, Julián Sánchez Alegría, ahora también imputado.

Sánchez Alegría avisó a De Miguel de que Alberdi le pedía explicaciones

Precisamente, su idéntica condición de firmantes del acuerdo llevó a Alberdi a informar a Sánchez Alegría de la exigente reclamación de De Miguel. Pero no obtuvo respuesta ni comprensión alguna por parte del responsable de la red de Parques Tecnológicos. Sin embargo, Sánchez Alegría no dudó en avisar rápidamente a De Miguel del nerviosismo que había advertido en Alberdi durante su encuentro. Así se explica que, apenas dos días después de dicha reunión, Alberdi recibió una llamada telefónica del propio diputado foral para recriminarle "qué vas diciendo por ahí" y, de paso, recordarle la vigencia de la deuda.

Alberdi, también próxima al PNV pero ajena a las gestiones de Iñaki Etxaburu de quien ya se había desligado mercantilmente, se negó a pagar mordida alguna y, a su vez, comenzó a recopilar más pruebas de cargo contra De Miguel y sus posibles colaboradores. Sin embargo, con el paso del tiempo, y al mantenerse la deuda de Urbanorama, el diputado foral dio un paso adelante. Así, en compañía del también imputado Aitor Tellería, ex concejal del Ayuntamiento de Vitoria y significado miembro de la dirección del PNV en Álava, emplazaron al padre de Ainhoa Alberdi, residente en Bilbao, a mantener una reunión que se celebró finalmente en un restaurante de Vitoria. En este encuentro, los dos convocantes amenazaron a Alberdi con el pago "sí o sí de 120.000 euros", según se recoge en la instrucción del sumario. El padre, sensiblemente molesto, reaccionó con el lógico estupor y no dudó en trasladar a su hija el contenido de la dura amenaza.

La presencia de Tellería en este almuerzo podría comprometer indirectamente al PNV, pero fuentes jurídicas lo desligan para atribuirlo a una simple motivación personal. Tellería, al igual que su esposa y el matrimonio De Miguel forman parte de la sociedad Kataia, reconocido epicentro de la recaudación de las numerosas operaciones vinculadas con esta supuesta trama de corrupción, algunas de las cuales siguen siendo investigadas. Y es que personas relacionadas con la investigación asocian la firma mancomunada en Kataia a cargo de cuatro mujeres a la desconfianza existente entre algunas de sus titulares, circunstancia que justificaría la coincidencia de De Miguel y Tellería en el almuerzo con el padre de Alberdi, ya que en realidad sólo el diputado foral y Sánchez Alegría conocían el acuerdo que servía de base a la reclamación de 120.000 euros.

Tellería, un cualificado jeltzale muy próximo a Iñaki Gerenabarrena, era director del Centro de Empresas e Innovación de Álava (CEIA) cuando exigió la comisión. Fue destituido el pasado 24 de marzo, cuando había estallado el escándalo, aunque la decisión estaba tomada antes en el momento en que el nuevo gobierno tomó el control del CEIA. Ahora se encuentra de baja.

Como ya es conocido, Ainhoa Alberdi fue quien puso en conocimiento de la Audiencia Provincial de Álava en diciembre de 2009 la petición de estas exigencias. La acumulación de nuevas pruebas permitió al Fiscal jefe, Josu Izaguirre, el inicio de las investigaciones semanas después, siempre en absoluta sintonía con el juez Roberto Ramos. Es muy probable que al conocerse las características de las pruebas documentales aportadas por Alberdi, según consta en el sumario, el fiscal y el juez pensaran que no se trataba de un hecho aislado. Y es que la declarante estaba en posesión de varios correos electrónicos enviados por De Miguel desde su despacho de diputado foral de Diputación, así como de más de una conversación telefónica en la que el imputado exigía el pago de una comisión.

Estas pruebas reflejadas en el sumario contradicen la versión que De Miguel contó a Xabier Agirre y al propio Gerenabarrena una vez que fue puesto en libertad y en la que les aseguraba su inocencia, al tiempo que negaba que se hubiese valido de su cargo oficial o del partido para gestión personal alguna. Las pruebas aportadas por la denunciante colocan en una incómoda posición sobre todo a Agirre porque abre la puerta al hostigamiento político al que le someterá el PP habida cuenta de que De Miguel convirtió la Diputación en su centro de operaciones de su sociedad Kataia.

A partir de ahora, una vez personadas las defensas de los once imputados para conocer el contenido del voluminoso sumario, la investigación, sin embargo, no se detiene. Eso sí, el proceso entra en una fase con mayor protagonismo por parte de las defensas, que podrán solicitar la reversión de algunas pruebas testificales, aunque tanto el fiscal como el juez, a su vez, continuarán con nuevas investigaciones.