Rajoy dio crédito a los partes y preguntó quién ordenó espiar

Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular, siempre dio credibilidad a los partes que recogían el supuesto espionaje al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo; y al ex vicepresidente regional y hoy miembro de la dirección nacional del PP, Alfredo Prada.

De hecho, sólo unos días después de que aparecieran publicados los partes en EL PAÍS, Rajoy declaró: "Una cosa es que se publiquen rumores y otra cosa es que, como ha sucedido, se publiquen muchos documentos. Esos documentos existen, lo que no sabemos es quién los ha confeccionado y quién los ha ordenado. Yo quiero transparencia y claridad, es bueno que se sepa la verdad". Lo dijo el 4 de febrero de 2009, cuando su partido había abierto una investigación interna al Gobierno de Aguirre por supuesto espionaje político.

"No son rumores, esos documentos existen, no sabemos quién lo ordenó"

Aguirre intentó echar tierra sobre el asunto mediante amenazas a la dirección nacional del PP de destapar asuntos turbios del tesorero Luis Bárcenas. Bastó un aviso para que la comisión de investigación abierta en el PP por "unos hechos gravísimos y unas actuaciones inadmisibles en su naturaleza" se clausurase de manera provisional.

El Gobierno de Aguirre, aplicando el rodillo de su mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, también cerró en falso otra comisión de investigación que aceptó abrir para calmar a Rajoy. Los dirigentes del PP acusaron entonces a EL PAÍS de fabricar los partes de espionaje en la redacción y descalificaron al periodista encargado de la investigación.

Durante más de un año, la investigación judicial fue aclarando algunas incógnitas del caso. Los informes de los posicionamientos telefónicos de los agentes sospechosos de espiar a Cobo y Prada aclararon que los culpables eran al menos cuatro personas: tres ex guardias civiles a los que fichó el consejero de Interior, Francisco Granados, por su afinidad familiar con uno de ellos; y un ex policía nacional fichado por Sergio Gamón, ex director general de Seguridad al que se destituyó tras el supuesto robo de un ordenador a un ex alto cargo vinculado a Prada. Con el informe pericial caligráfico, al que daba mucha importancia el consejero de Interior, Francisco Granados, aparece un nuevo agente culpable, al menos de transcribir lo que los supuestos espías le decían. El agente José Manuel Pinto fue identificado en un doble informe pericial encargado por EL PAÍS. Pero Granados encargó otro informe a un perito calígrafo, ex concejal socialista, que negó que Pinto fuera el autor de esa letra. Ese perito calígrafo, una de las coartadas de Granados para negar que el Gobierno regional encargara los espionajes, recibió meses después un contrato de la Consejería de Interior de casi un millón de euros para aportar traductores a los juzgados, pese a que nunca antes había hecho ese trabajo.

Rajoy espera las conclusiones de la investigación judicial para actuar. Las distintas pruebas acreditan el espionaje. Ahora, como dijo Rajoy, sólo hace falta saber quién lo ordenó: Aguirre, Granados o, por su cuenta, el ex director general de Seguridad Sergio Gamón. Eran los jefes de los espías.