Vivir del presupuesto

Los que tenemos una edad, vivimos en una España diferente y mejor que aquélla en la que nacimos, pero aún subsisten antiguos vicios. Hoy, cuando las burbujas de una engañosa abundancia estallan y hemos de acostumbrarnos a vivir de acuerdo con nuestras posibilidades reales, conviene reflexionar sobre las causas de la crisis, entre las que están algunos vicios muy arraigados entre nosotros. El viejo Romanones ya dijo, con cínica lucidez, que para el español es un error vivir al margen del Presupuesto. Aquí todos nos hemos convencido de que tenemos derecho a recibir gratuitamente toda clase de servicios, y creemos que cualquier actividad que se nos ocurra desarrollar es de interés general, y por tanto subvencionable. Exigimos disponer de todo, en todo lugar y en todo momento, siempre a costa del dinero público.

Si los gobernantes no comprenden que la fiesta ha acabado no sirven para su tarea

Tan peligrosa convicción se ha visto tradicionalmente retroalimentada por un cierto tipo de gobernantes y ediles que, con pólvora del rey, buscan el pasar a la pequeña o gran historia más por la construcción de palacios y equipamientos monumentales que por organizar con eficacia los auténticos servicios públicos. Son incansables e imaginativos a la hora de gastar, y con frecuencia son ellos mismos los que provocan la demandada ciudadana de equipamientos en modo alguno imprescindibles o urgentes. No les inquieta recurrir al endeudamiento porque saben que al final el palacio o el pabellón llevará su nombre y les facilitará la reelección, aunque ya no estarán allí cuando venza la deuda. Buscan la popularidad fácil, y basan su pequeño o gran poder en la creación de gabinetes, consejos, observatorios y otros inventos donde colocar a los partidarios fieles; en el encargo de informes pintorescos a consultoras y asesorías bien relacionadas; y en el reparto a voleo de ayudas y subvenciones para actividades de dudoso o nulo interés general. Vemos a comunidades autónomas y ayuntamientos que financian, avalan, y hasta les construyen el campo o pabellón, a equipos de fútbol, baloncesto, ciclismo y otros deportes gestionados por manirrotos que no dudan en pagar suculentas fichas a sus atletas, porque saben que, al final, la Administración pagará la ronda, con dinero fresco o con recalificaciones urbanísticas. No hay apenas conciertos, festivales, películas, representaciones teatrales, espectáculos taurinos o de otra índole que subsistan con la taquilla, sin recibir dinero de las administraciones. Asociaciones variopintas, casas regionales, comisiones de fiestas, concursos de bellezas, verbenas, romerías, desfiles y cabalgatas varias, paelladas, todo es aquí subvencionable porque nadie asume la impopularidad que supondría a veces decir simplemente: No.

Es difícil cuantificar este despilfarro, porque los presupuestos públicos, en especial los de los ayuntamientos y las comunidades autónomas, son muy poco transparentes. Pero sí sabemos ya que es insostenible, tanto desde la perspectiva del gasto público como de los valores y principios que deben de inspirar la acción de gobierno. Si la raíz de esta plaga está en la falta de discernimiento a la hora de deslindar lo público de lo privado, es inexcusable que quienes ejercen la política distingan entre todo aquello que ha de depender de la iniciativa privada, exista o no en un momento dado, y que, por tanto, no puede obtener dinero público, de lo que sí constituye un servicio público, e incluso de lo que, aún promovido por los ciudadanos, tiene un claro e indiscutible interés general, demostrado día a día, y que merece ser ayudado por la Administración. Sólo a partir de una idea compartida por todos de lo que pertenece a una u otra esfera será posible conocer la dimensión y la estructura adecuadas de la función pública en cada nivel, y gastar de modo racional y prudente.

No sólo esto. La crisis, que nos apea de la vida de vino y rosas que veníamos llevando, obliga a replantearse la forma de seleccionar las inversiones en equipamientos y dotaciones. Es de sentido común que, como en nuestra vida particular, no podemos permitirnos muchas cosas que mejorarían nuestro nivel de satisfacción personal, sencillamente porque exceden de nuestras posibilidades, y que, en consecuencia, habremos de distinguir entre lo necesario y urgente, y lo meramente conveniente y aplazable. Si los gobernantes de hoy no comprenden que la fiesta ha acabado, que la capacidad de endeudamiento tiene un límite, que las políticas de cara a la galería conducen a la ruina y a la escasez, que no valen excusas tan socorridas como la de que determinadas inversiones reactivan la economía, cuando en realidad generan más déficit para el futuro, que con muchos "chocolates del loro" se cuecen enormes tartas de deuda inasumible, sencillamente no sirven para la tarea que desempeñan.

Para solicitar y obtener el sacrificio y esfuerzo de todos, ahora que pastan vacas flacas, hay que predicar con el ejemplo desde las instituciones. Eliminar la duplicidad de servicios y unidades administrativas, reducir el número de cargos de libre designación, suprimir contrataciones externas caprichosas no constituye sólo una obligación política, sino también moral. Porque no sería justo que sean sólo los funcionarios de carrera, los pensionistas o las personas en situación de dependencia quienes vean recortados o congelados sus haberes, mientras sigue sin producirse una poda y limpieza a fondo de esa trama paralela que se nutre del hoy menguado erario público, y mientras se siguen promoviendo obras fastuosas y no indispensables, con cargo a la deuda que habrán de saldar los que vengan detrás.