El precio de no volver

Parece improbable que en el actual ciclo de negociaciones entre israelíes y palestinos se llegue a un acuerdo basado en el intercambio de paz por territorios. Sin embargo, esa es la parte sencilla del problema. Si se llegara a un arreglo sobre la coexistencia de dos Estados, se abriría un frente inmensamente complejo: el de los refugiados. Incluso asumiendo que el derecho al retorno se resolviera con unos casos simbólicos y el resto se acomodara en un Estado palestino, habría que pagar compensaciones por las propiedades perdidas. Las cifras que se barajan para los palestinos oscilan entre 2.500 y 40.000 millones de dólares (entre 2.000 y 32.000 millones de euros). E Israel esgrime ahora sus propios refugiados.

La indemnización se ha puesto sobre la mesa en la actual negociación

Un retorno masivo de refugiados es poco realista incluso para los palestinos

Los pagos que se barajan oscilan entre 2.500 y 40.000 millones de dólares

Israel recuerda a los 600.000 judíos expulsados de los países árabes

En estos días se cumplen 62 años de la creación del Estado de Israel. La inicial guerra entre judíos y palestinos, ampliada luego a numerosos países árabes, expulsó de territorio israelí a unas 710.000 personas, según la ONU. Esas personas dejaron atrás una enorme cantidad de propiedades inmobiliarias, además de equipamiento y otros bienes, de las que, con sucesivas leyes, se incautó el Estado de Israel.

En 1953, la Comisión de Conciliación de la ONU estimó el valor de esas propiedades en 122 millones de libras esterlinas, unos 2.500 millones de dólares actuales. La Liga Árabe elevó el cálculo a más de 40.000 millones de dólares. Dando 20.000 dólares de indemnización a cada refugiado (hoy son unos dos millones) saldrían también 40.000 millones.

Israel no acepta que los refugiados tengan derecho a recuperar sus propiedades en territorio israelí, pero sí acepta que merecen indemnización. Tras décadas de ambigüedad respecto a las resoluciones de la ONU sobre el derecho al retorno o a compensaciones, Israel tuvo que afrontar la cuestión a partir de 1993, cuando la Conferencia de Madrid, y años más tarde los Acuerdos de Oslo, hicieron concebible algún tipo de acuerdo global.

De hecho, un retorno masivo de los refugiados a los lugares de los que fueron expulsados 62 años atrás es considerado poco realista incluso por parte palestina, aunque formalmente siga reivindicándose el derecho. Fuentes cercanas al equipo negociador consideran que el regreso a Israel de unos 50.000 refugiados constituiría un símbolo satisfactorio, siempre que Israel reconociera su responsabilidad e indemnizara por las propiedades perdidas.

Israel acepta de forma genérica la parte de las indemnizaciones, pero no la de la responsabilidad. "Es evidente que la guerra de 1948 no la empezamos nosotros, sino que fueron los países árabes los que nos atacaron", afirma la coronel reservista Miri Eisin, que fue portavoz del ex primer ministro Ehud Olmert y en 2008 participó en la que se considera, por parte israelí, la oferta de paz más generosa ofrecida a los palestinos. Israel considera que los pagos deberían ser asumidos por una "comunidad internacional de donantes" en la que podría participar.

Sin embargo, para combatir el derecho al retorno de los palestinos y negociar a la baja cualquier indemnización, Israel ha decidido dotarse de otro instrumento de presión. Y afirma que también hay refugiados judíos y que también ellos tienen sus derechos.

Los palestinos no sólo cuentan con el respaldo legal de las resoluciones de la ONU y con el respaldo moral de los historiadores revisionistas israelíes, que han desmontado el tradicional argumento de la "fuga voluntaria" y han publicado documentos oficiales que evidencian un plan de limpieza étnica por la vía de expulsiones masivas. Disponen además de los registros censales y notariales. Especialistas como el profesor Adnan Abdelrazek han recopilado ingentes cantidades de documentos sobre las propiedades privadas palestinas que Israel hizo suyas.

Entre 2001 y 2002, Israel empezó a recopilar por su parte información sobre los judíos que habían sido forzados a abandonar los países árabes, especialmente Irak, después de 1948. En total, más de 600.000 personas. No ha publicado ninguna lista sobre propiedades usurpadas a esas personas, aunque sus portavoces afirman que "la lista existe" y se dará a conocer. "Los judíos de los países árabes no se convirtieron en refugiados por una situación de guerra, como los palestinos, sino en tiempo de paz, y eso es un agravante", sostiene la coronel Eisin, que evoca los pogromos antijudíos registrados en diversos países árabes, inmediatamente antes de 1948 y después de esa fecha. Israel reclama además que se le compense por los gastos de "integrar" a esos "refugiados", considerados durante décadas inmigrantes como los demás.

Israel no ha buscado cobertura para sus reclamaciones en la ONU, sino en una entidad política más afín: el Congreso de EE UU. En 2008, la Cámara de Representantes aprobó una resolución sobre "los 800.000 refugiados judíos" en la que exigía al presidente que defendiera sus derechos en cualquier ámbito internacional en el que se evocara el problema de los refugiados palestinos. "El derecho y la justicia están de nuestra parte, pero la cuestión de las compensaciones puede dar trabajo a varias generaciones de abogados", dice el profesor Abdelrazek.