Dos frailes, imputados por nuevos casos de abusos a discapacitados

Manuel Ortiz se quitó ayer el hábito. El hermano Manolo, como popularmente se le conoce, tampoco llevaba su cruz blanca sobre el pecho cuando a las nueve de la mañana entró en los juzgados de Córdoba. Prefirió ir vestido de paisano para declarar en el Juzgado de Instrucción número 6. Cuando salió, a las 11.30, lo hizo como imputado por abusos sexuales y maltrato contra algunos pacientes del centro religioso para discapacitados psíquicos que dirige en Córdoba. Con la imputación ayer de este fraile y de otro de sus compañeros la sombra se extiende en la Casa de San Francisco de Asís. Otro trabajador más, aspirante a entrar en la congregación, está en prisión preventiva por otro presunto abuso contra un interno.

El juez dicta una orden de alejamiento contra los dos franciscanos

El juez dictó ayer una orden de alejamiento de 500 metros contra Manuel Ortiz y otro religioso, el hermano Fermín, imputado también en este caso de presuntos abusos. Estos dos miembros de la Congregación de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca no podrán acercarse ni comunicarse con los internos del centro, unos 50, ni con los trabajadores y colaboradores. Fuentes de la investigación no descartan que se produzca la imputación de otros religiosos.

La Casa de San Francisco de Asís y el hermano Manolo contaban hasta ahora con un importante prestigio en Córdoba. Rara era la institución o gran empresa local que no colaboraba con ellos. Pero esta fama se vio enturbiada hace meses. En octubre, un anónimo remitido a la subdelegación del Gobierno alertaba de un presunto caso de abusos a un interno. La investigación derivó en la detención de un trabajador laico, aspirante a fraile, que huyó y fue detenido días después en Granada. El caso ganó notoriedad al coincidir con un viaje de la Reina a Córdoba, que suspendió su visita a la sede de la Cruz Blanca.

Este trabajador -Ángel C. U. P.- está actualmente en prisión preventiva. El fiscal pide seis años de prisión al considerarle autor de tres delitos de abusos contra un interno que padece un 86% de retraso. Aunque el caso no se ha cerrado todavía, la congregación ya ha pagado a la familia de la víctima 5.000 euros por los daños morales causados.

Aquel primer anónimo contenía denuncias contra el funcionamiento de la Cruz Blanca, que no sólo hacían referencia al trabajador que está en prisión. El juez instructor decidió ampliar la investigación e inició un segundo procedimiento.

Paralelamente, la fiscalía recibió otros anónimos denunciando los presuntos malos tratos y abusos. En una de estas cartas se narran a lo largo de tres páginas varios casos. Se dan los nombres de los agresores y de las víctimas.

El juez encargado del caso lleva varias semanas tomando declaraciones. Los primeros en acudir al juzgado fueron los internos, que, al padecer minusvalías psíquicas, testificaron con un perito. Luego, se tomó declaración a varios trabajadores y colaboradores externos de la institución. Finalmente, el juez llamó ayer a los hermanos Manolo y Fermín, que fueron imputados.

El superior de la Cruz Blanca, Miguel López Nacarino, que tiene su sede en Sevilla, acudió ayer a Córdoba para comunicar las imputaciones a los empleados.

El Obispado de Córdoba, que desde hacía semanas conocía la investigación que estaba abierta en los juzgados, respondió ayer con celeridad. A los pocos minutos de que EL PAÍS publicase en su edición digital la noticia de la imputación, remitió a los medios un comunicado de prensa. La Iglesia no cerró filas con los religiosos, sino que quiso informar de "que ha actuado en el ámbito de su competencia buscando siempre el bien de las víctimas y tomando las medidas pertinentes para esclarecer la responsabilidad a que hubiera lugar". Varios miembros de la diócesis cordobesa llevan semanas haciendo sus pesquisas de forma paralela a la investigación judicial.

La actitud del Obispado cordobés encaja con la nueva política ante la pederastia y los abusos que el Vaticano quiere imponer. El Papa afirmó el martes respecto a este asunto que "los sufrimientos de la Iglesia vienen justo del interior de la Iglesia, el pecado que existe en la Iglesia".

Y la postura de ayer del Obispado también contrasta con la que esta misma institución mantuvo en 2003, cuando se conocieron los abusos cometidos por el sacerdote de Peñarroya José Domingo Rey contra varias menores. Los padres acudieron al Obispado antes de ir la justicia.

La respuesta que recibieron entonces fue que el asunto "no era creíble y carecía de importancia", según detalló en su momento uno de ellos. El sacerdote fue condenado en 2003 y entró en prisión en junio de 2004. Se le impuso una pena de 11 años, que se redujo hasta los seis. El Obispado no apartó al sacerdote tras el fallo y mantuvo públicamente su "apoyo y cercanía" al cura hasta que ingresó en prisión.