El fiscal pide cárcel para el ex alcalde de Gondomar

El fiscal pide dos años de prisión y otros dos de inhabilitación para el ex alcalde de Gondomar Carlos Silva (PP), concejal de Personal, Economía y Hacienda y presidente en la sombra del actual gobierno local de tránsfugas, por un supuesto delito de falsedad documental. A Silva se le acusa de certificar en falso que unas viviendas no habían incurrido en infracciones urbanísticas. Su abogado, José Martínez Torea, alegó ayer en el juicio que los papeles sobre los que Silva estampó su firma entraron en el ayuntamiento y se camuflaron dentro de la carpeta del alcalde, sin que nadie, ni siquiera el propio regidor, reparara en que estaban allí de matute.

Los documentos, "tres al menos", firmados en 2005 y 2006, aunque con anterioridad hubo otros del mismo tenor, según los testigos, certificaban que las citadas viviendas no estaban afectadas por ningún expediente de infracción urbanística. De este modo, según el fiscal, sus titulares podían escriturarlas como nuevas y legalizarlas, pese a que se habían construido sin licencia.

Jesús Groba, comprador de dos de esos pisos "sin escriturar porque el vendedor no quería", explicó en el juicio que conoció en un bar del pueblo a un tal Antonio -sin más datos-, que le presentó a un tal González -sin más datos- "que podía resolverle el problema", es decir, la legalización de las viviendas, a cambio de 500 euros por cada operación, que pagó al tal González. "Un señor hizo todo el papeleo para legalizar", refrendó Carmen Fernández Dávila, esposa de Groba.

Silva sólo se enteró de ese negocio, según declaró ayer, por los agentes del Seprona que investigaban el asunto, pero no por ello pidió después ninguna explicación ni dentro ni fuera del ayuntamiento. Adujo la imposibilidad de leer todos los documentos que le pasaban a la firma -"doy por supuesto que están analizados por los técnicos responsables", dijo- y que desconocía para qué servían las certificaciones que le inculpan.

Los testimonios de los tres agentes de la Guardia Civil que investigaron el asunto dejaron claro que tales documentos certificaban una falsa antigüedad de las viviendas (para que prescribiera su infracción), de las que no constan expedientes en el ayuntamiento; a una de ellas le fue denegada la licencia de construcción. Los agentes iniciaron sus pesquisas a partir de una denuncia sobre "la proliferación de construcciones ilegales en el municipio". Las certificaciones no entran entre las funciones del alcalde, dijo la secretaria municipal, Nuria Lobato, aunque el aparejador, Alfonso Soliño, y el arquitecto, José Antonio Álvarez, reconocieron haber visto otras "certificaciones similares" que "podían incidir en la prescripción de la ilegalidad o en expedientes de infracción".

"Anomalías hay un ciento, pero no para abrir expediente de todas", precisó Soliño. La inspectora de obras, María Jesús Fernández, lo refrendó indirectamente al señalar en varias ocasiones el agobio de su trabajo por la multitud de inspecciones que tiene que realizar, motivo por el cual tampoco pudo precisar ayer si en alguna ocasión visitó con ese fin las viviendas de la causa. Con los testimonios de estos y otros funcionarios fue imposible aclarar cómo, en el trajín común entre el departamento de urbanismo y la alcaldía, llegaron los papeles a la carpeta de firmas. Los pudo colocar cualquiera, aventuró el defensor.