En 33 intervenciones, ninguna explicación

La oposición (PSOE e IU) al Gobierno regional lleva más de un año pidiendo explicaciones en la Asamblea de Madrid sobre los trabajos que encargó a la trama corrupta del caso Gürtel. Muchos de ellos son contratos menores. El ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo, ordenaba trocearlos por debajo de 12.000 euros para evitar sacarlos a concurso público.

"¿Cómo pudo ocurrir eso sin que nadie lo controlara?", preguntaba el pasado jueves la diputada de IU, Reyes Montiel, durante la comisión de vigilancia de las contrataciones. "¿Quién cobraba realmente esos contratos? ¿Van a hacer algo para evitar que vuelva a ocurrir?", añadió Livia Castillo, parlamentaria del PSM. "A estas cuestiones hemos contestado en 33 ocasiones. La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, ha respondido a ocho preguntas sobre el asunto en la Cámara regional; los consejeros, a otras 10. Ha habido otra decena de comparecencias en las comisiones...", respondía Borja Sarasola, secretario general técnico de la Consejería de Vicepresidencia y mano derecha del vicepresidente, Ignacio González.

Las explicaciones que ofrecen los responsables regionales a las cuestiones de la oposición consisten, en la mayoría de las ocasiones, en un relato sobre las diferentes normativas y procesos que siguen para realizar los contratos. Pero dan pocas respuestas sobre lo ocurrido. "Se han fiscalizado todos los contratos de la Comunidad de Madrid. Todos", dijo Sarasola en la comisión. Pero evitó responder cómo la red corrupta pudo contratar en 362 ocasiones con la Administración regional, un tercio de esos contratos eran irregulares, según un informe judicial. Además, no se refirió a que los contratos de menor cuantía no los pueden revisar en la Asamblea de Madrid. Los grupos de la oposición los han solicitado pero no han logrado acceder a ellos.

El alto cargo popular aludió a un informe de la Cámara de Cuentas que asegura que "la Comunidad de Madrid tiene un modo de hacer orientado a la publicidad libre de concurrencia. "Porque", dijo, "tan sólo un 23,5% de los contratos que realiza el Gobierno regional son menores", señaló. Pero el alto cargo regional evitó explicar por qué el Partido Popular impidió que la Cámara de Cuentas que fiscalizara los contratos de la red Gürtel.

El propio consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, aseguró que trocear contratos no es ilegal. "No se puede decir que se comete un delito cuando ese delito no existe ni está tipificado", aseguró durante un pleno autonómico. El responsable de las arcas regionales ha defendido en repetidas ocasiones la legalidad de los contratos con el Gürtel, pero nunca ha explicado cómo se pudieron realizar tantos contratos con la red corrupta sin que nadie se percatara de la situación.

La secretaria general técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, Mar Pérez Merino, aportó el jueves pasado una explicación: "Esto es normal. El día a día de la Administración", zanjó Pérez.