La Xunta batalla para defender el reparto de farmacias ilegal de Fraga

Los servicios jurídicos de la Xunta perfilan estos días los argumentos que presentarán ante el Tribunal Supremo (TS) para defender el concurso público que adjudicó la explotación de 87 nuevas oficinas de farmacia en Galicia y que el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) anuló por los vicios de su baremación. El asunto viene de la Xunta de Fraga, que aprobó estando en funciones el polémico concurso, al que concurrieron más de 1.000 candidatos.

El negocio es millonario, como millonarias serán las indemnizaciones que tendrá que afrontar la Administración gallega si el Supremo confirma la sentencia, de noviembre pasado, del TSXG. La propia jurisprudencia del Supremo -con el caso análogo de Canarias- refuerza el pronóstico de que la Xunta tendrá que indemnizar mucho más de lo que le hubiera correspondido aceptando el fallo del alto tribunal gallego.

La ex cargo de Sanidade ya ha vendido su botica por 1,2 millones

Si el Gobierno pierde, deberá pagar indemnizaciones millonarias

Las oficinas de farmacia son buen negocio, entre otros motivos por la exclusividad territorial o poblacional que les reconoce la ley. Galicia arrastra un déficit importante y ostensible desde hace décadas por la propia resistencia del sector, que naturalmente prefiere alejar de las farmacias existentes la implantación de otras que le hagan competencia, aun a costa de las dificultades de algunos grupos de población para acceder al servicio.

La titularidad de una oficina, que su propietario puede vender a los tres años desde su apertura, según fuentes del sector no se cotiza hoy por menos de 600.000 euros y el promedio se sitúa en un millón (aunque curiosamente una de las 87 que se incorporaron al mapa del concurso, la de Negueira de Muñiz, en Lugo, sigue sin tener candidato a adjudicársela). De las demás, ya han abierto unas cuantas y otras están en proceso de hacerlo. Podrían tener que cerrar todas.

El Diario Oficial de Galicia publicó el 12 de julio de 2005, cuando el PP había perdido las elecciones y preparaba la transición al bipartito, las bases del concurso sobre "planificación, apertura, traslado, cierre y transmisión de oficinas de farmacia". La Federación de Empresarios Farmacéuticos de Galicia (FEFG) lo recurrió porque primaba ostentosamente los méritos de los farmacéuticos hospitalarios y de los profesores universitarios sobre los de quienes llevan toda la vida trabajando sus oficinas. También lo recurrieron otros colectivos por el mismo motivo, como los inspectores farmacéuticos. Estos, por ejemplo, que han de conocer en profundidad todos los cometidos y tareas de los farmacéuticos, ya que son quienes las supervisan y controlan, necesitan casi 42 años para alcanzar la puntuación máxima por "experiencia profesional", frente a los 10, 13 o 20 años de otros colectivos.

El equipo de la Consellería de Sanidade que, en el último gobierno de Manuel Fraga, fijó la baremación del concurso, pertenecía enteramente al colectivo más beneficiado, el de farmacéuticos de hospital, e incluso la subdirectora general de Farmacia, María Teresa Chuclá Cuevas, gracias al reparto aprobado por la Xunta del PP en funciones, obtuvo una oficina en Oleiros que vendió por 1,2 millones de euros.

El bipartito aceptó el baremo y adjudicó el concurso en 2008 "por seguridad jurídica" y "para no perder tiempo" en la urgencia demandada por la cobertura del mapa. Pero el TSXG anuló en noviembre pasado las puntuaciones que recibieron los solicitantes, en función de las cuales eligieron el emplazamiento en el que abrirían la farmacia. El concurso, pues, fue invalidado y resolverlo de nuevo, según la Federación de Empresarios de Farmacia de Galicia, no hubiera requerido más allá de seis meses. La Xunta, sin embargo, optó por recurrir al Tribunal Supremo, lo que abre unos años de incertidumbre pero con dos referentes amenazantes para las tesis que ahora han de argumentar sus juristas.

Por una parte, el Supremo no suele contradecir las sentencias de los tribunales superiores que se fundamentan en normativas autonómicas, como es el caso, y recientemente ha confirmado la anulación de un concurso análogo en Canarias. Y por otra parte, hasta que emita sentencia, los adjudicatarios podrán abrir las 87 oficinas.

Si se confirma luego la anulación del concurso, tendrán que cerrar todas y habrá que resarcir a los titulares por sus gastos de implantación, más el lucro cesante con el cierre, que también podrían reclamar los excluidos de ese concurso y admitidos en otro que habría que convocar con distinta baremación: una millonada, según la FEFG, para las arcas autonómicas. Dado el alcance de la melé, el asunto también podría acabar en la liberalización del sector, eximiéndolo de la planificación pública.