El fiscal examinará los permisos de la Xunta a la mina de andalucita

La Fiscalía investigará si la Xunta tramitó correctamente los permisos para explotar un yacimiento de andalucita en As Pontes, a 50 metros del parque natural de As Fragas do Eume. La denuncia la formularon en abril 16 colectivos -entre ellos Adega, Verdegaia, la Sociedade Galega de Historia Natural y Fusquenlla-, que trasladaron sus "sospechas" al fiscal días después de que la Consellería de Medio Ambiente diera el visto bueno al proyecto.

Los ecologistas acusan a la Xunta de "irregularidades" administrativas, de incumplir los plazos legales y de avalar un proyecto sostenido en informes ambientales plagados de "errores importantes y con omisiones escandalosas". El fiscal especializado en delitos contra el medio ambiente ha abierto una investigación para aclarar si el Gobierno gallego incurrió en alguna irregularidad en la tramitación de un viejo proyecto que promueve Picobello Andalucita, S.L, desde el 2000. La Fiscalía pedirá informes a distintos entes autonómicos, como Aguas de Galicia, para determinar si afecta o no a zona protegida.

La mina obtuvo el respaldo inicial del Gobierno de Manuel Fraga y fue rechazada por el bipartito en 2006. La actual Xunta la retomó a finales del 2009, dándole un empujón administrativo después de tres años de silencio. Desde Adega, Humberto Fidalgo critica que la Xunta prescindió de un informe obligatorio para evaluar el impacto de la mina sobre el parque natural y "no contestó a las alegaciones que formulamos". Señala que, entre otras "incongruencias", los informes autonómicos sitúan erróneamente al río Belelle como afluente del Eume, pese a que el primero desemboca en la ría de Ferrol y el segundo, en Pontedeume.

Los ecologistas sostienen que la explotación a cielo abierto afectaría "de forma grave e irreversible" al parque de As Fragas y a su arteria natural, el río Eume. Además, la explotación a cielo abierto borraría del mapa los arroyos de los que se nutre el Belelle, que riega los municipios de A Capela, Neda y Fene. El proyecto tiene una vida útil de doce años y supone una inversión de dos millones de euros.