La piedra angular del equilibrio atómico

El Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) es, desde su entrada en vigor en 1970, el gran baluarte de la legalidad internacional frente al riesgo de multiplicación de los arsenales atómicos. Su piedra angular es, sustancialmente, un pacto entre los cinco países que hace cuatro décadas disponían ya de armas atómicas y los demás: estos últimos se comprometen a no perseguir la bomba; los primeros a avanzar hacia el desarme y reconocer el derecho de acceso de todos los firmantes, que son 189, a la tecnología nuclear civil.

En ausencia del TNP, el mundo sería un lugar más preocupante. Su extendida aprobación, sin embargo, no ha impedido que los países con bomba atómica hayan pasado de cinco a nueve —los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y Pakistán, Corea del Norte, Israel e India— bajo su vigencia. La formulación ambigua del texto y la ausencia de sanciones creíbles para los infractores hacen del TNP un tratado tan fundamental como poroso. La conferencia de revisión que empezó ayer en la sede de la ONU de Nueva York —se celebra una ronda cada cinco años— tiene como objetivo fortalecer el régimen, no carente de lagunas, esbozado por el tratado.

El campo de batalla verá a las potencias occidentales al ataque para reforzar el sistema antipro-liferación, y a las emergentes reclamar el desarme de estas. El eje central de la disputa será el artículo 6, que ambiguamente conmina a los firmantes a "comprometerse a celebrar negociaciones de buena fe sobre un tratado de desarme general y completo bajo estricto control internacional".

Los países no alineados recriminan a las potencias atómicas no haber empezado nunca negociaciones para un desarme "general y completo", y previsiblemente rechazarán aceptar restricciones a la circulación de la tecnología nuclear —que eleva el riesgo de proliferación— sin contrapartidas en ese sector. La Administración estadounidense espera, en cambio, que la reciente firma junto al Kremlin de un tratado de limitación del despliegue de armas atómicas sea suficiente para acreditar su "buena fe" en el camino de desarme y convencer a muchos países para que avalen un régimen más estricto.

La rigidez de la Administración de George W. Bush en la senda del desarme y la insistencia de los países árabes en formalizar la presión sobre Israel —que no es firmante y dispone de arsenal atómico— hizo que la conferencia de 2005 desembocara en un fracaso rotundo. La falta de acuerdo en las conferencias, en todo caso, no pone en peligro el statu quo, ya que en 1995 se acordó prolongar por tiempo indefinido el régimen, que inicialmente estaba limitado a 25 años.

Entre todos los asuntos concretos sobre los que se librará el pulso destaca la ratificación del Protocolo Adicional del TNP, que somete a sus firmantes a una amplia gama de inspecciones de la ONU. Sólo en 98 países se ha ratificado el protocolo y ha entrado en vigor. Sin él, la capacidad de control real sobre un país es prácticamente nula.

Entre quienes se niegan a ratificarlo, algunos esgrimen como justificación el caso de Israel, otros el de India —que no es firmante del TNP, dispone de armas nucleares, y a pesar de ello ha obtenido la colaboración tecnológica nuclear de Estados Unidos—, o el hecho de que Washington no haya siquiera firmado el tratado que impide los ensayos nucleares.

El segundo gran asunto que destaca es la propuesta de instituir una suerte de banco mundial del uranio enriquecido que garantice a todos los países el acceso al combustible nuclear. El plan pretende desincentivar la producción propia —que sirve para usos civiles, pero también militares—, eliminando la dependencia de los pocos países productores. Pero las naciones emergentes ven en el proyecto una nueva cristalización de un statu quo discriminatorio entre quienes tienen la bomba atómica y la tecnología de enriquecimiento y todos los demás países.