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Editorial:

Chivos expiatorios

La demagogia se abre peligrosamente paso en el tratamiento a los inmigrantes ilegales

Los ediles de CiU y el Partido Popular en Vic y Llavaneres han anunciado su intención de denunciar a los inmigrantes en situación irregular que se inscriban en el padrón. Un tercer municipio catalán, El Vendrell, ha acordado hacer otro tanto con los ilegales detectados a través de trámites administrativos corrientes. Se trata de iniciativas que, al transferir responsabilidades a instancias distintas de los ayuntamientos, abren para estos un territorio en el que se puede endurecer a conveniencia el discurso contra los ilegales y, simultáneamente, declararse incompetente para llevarlo a la práctica. Esta contradicción deliberada forma parte del arsenal de una demagogia que ha vuelto al primer plano en buena parte de Europa.

Uno de los mayores riesgos para el Estado de derecho es la aceptación de una agenda política dictada por la demagogia, a la que los partidos democráticos se incorporan en ocasiones para arrebatar votos a las fuerzas populistas y xenófobas. Es el caso del PP de Badalona, responsable de un folleto de propaganda en el que se vincula inmigración y delincuencia, más tarde desautorizado por la dirección regional. No es cierto que las fuerzas populistas y xenófobas ofrezcan malas soluciones para un problema que sería, sin embargo, real. Planteado en los términos que lo hacen, se trata de un señuelo que sólo tiene por objeto designar chivos expiatorios. Los partidos democráticos deberían saber que del tratamiento dado a la inmigración depende que el deterioro de la situación económica no acabe cuestionando el Estado de derecho, que primero afectará a los trabajadores extranjeros y después a todos los ciudadanos.

La gravedad de la crisis y de sus efectos sobre el empleo es una dura prueba para las instituciones democráticas. Las ideologías y las opciones políticas que hoy responsabilizan a los trabajadores extranjeros de los males colectivos no son menos irracionales, ni menos peligrosas, que las que destruyeron el Estado de derecho en nombre de otras fantasías que señalaban a otros culpables, presentados como cuerpo minoritario y extraño. Unas y otras parten de la falacia de que sólo se podrá recuperar la prosperidad prescindiendo de un grupo humano, poco importan los criterios con los que se defina. Y en cuanto a los medios para prescindir de él, nada impedirá que se vayan endureciendo una vez que se renuncia al principio de que la ley es igual para todos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 3 de mayo de 2010