Extremar la prudencia

La resolución que el Parlamento de Cataluña aprobará hoy, con el voto del 88% de los diputados, es una prueba del profundo malestar provocado en esta comunidad por la incapacidad del Tribunal Constitucional para resolver en cuatro años el recurso sobre el Estatuto. Pero será difícil que desbloquee una situación anómala, porque implicaría el acuerdo de las dos cámaras y de los dos principales partidos.

En todo caso, la suerte del Estatuto no debe ser un pulso sin reglas fijas entre las instituciones catalanas y el Constitucional, ni una batalla en el interior de este. La realidad es que esas reglas existen, aunque algunas se hayan erosionado. El desenlace afecta a todo el sistema institucional.

Quienes apoyan la resolución declaran que el Estatuto es constitucional. Es una afirmación lógica, pues fueron los diputados autonómicos catalanes quienes fabricaron la primera versión del texto, luego ajustada en las Cortes. Pero no son, ley en mano, los últimos en decidir. Ese es precisamente el dictamen que corresponde al tribunal, y es la causa que lo mantiene dividido y paralizado.

Los promotores de la resolución incluyen en ella su determinación de emprender las iniciativas necesarias para que el actual tribunal se declare incompetente. Añadirán tensión al ambiente, aunque ya haya habido otras recusaciones. Por ello, deberán ser muy cuidadosos en que este propósito se ejerza por vías estrictamente legales y que no supongan una injerencia política sobre el tribunal.

El anuncio de iniciativas para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, también recogido en la resolución, interpreta como una disfunción de la actual regulación lo que ha sido, por el contrario, un uso fraudulento. El fraude ha consistido en la apropiación del tribunal por los dos principales partidos -excluyendo al resto- y en sus tacticismos en la renovación de los magistrados, ejercitados a veces con la pretensión de convertirlo en una tercera cámara. Sería mejor que el fin de estas prácticas llegase merced a un acuerdo político generalizado. Pero de no ser así, resultaría oportuno un cambio legal que impida la prórroga automática del mandato de los titulares, que hoy supera en algún caso los dos años. En suma, el Parlamento y los partidos catalanes ejercen su derecho haciendo oír su voz. Pero deben extremar la prudencia para no deslizarse por un camino que desborde sus funciones o invada las de otras instituciones.