Los recortes en la AECID dejan sin cubrir puestos clave de la cooperación

En un plazo de tres días, cerca de 80 empleados de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) han sido desalojados de sus despachos y lugar de trabajo. De golpe y porrazo, la AECID ha visto como ciertos departamentos clave han quedado desatendidos porque estaban en manos, a veces exclusivamente, de personas que disponían de un contrato de servicios y, por tanto, no integraban la plantilla propia de la agencia. Todos ellos eran autónomos, con una antigüedad de 10 años en algunos casos, y con el tiempo, se fueron consolidando y ocupando puestos estructurales y directivos en la AECID. La pasada semana, la directora de la agencia, Elena Madrazo, decidió acabar de una vez por todas con esta situación irregular.

El aumento del presupuesto no ha sido proporcional al de la plantilla

Los presupuestos de la AECID, con los años, se han triplicado. Sólo en 2009 manejó 931 millones de euros. Pero este crecimiento no ha ido paralelo a un incremento sustancial de la plantilla, por lo que los diferentes directores se vieron obligados a echar mano de contratos de servicios externos. Es decir, de personas a quienes se les encargaban trabajos determinados. Una especie de consultorías. Al final, estos empleados accedieron a un estatus y a una vinculación con la AECID un tanto peculiar: no eran funcionarios, pero ocupaban despachos; poseían una cuenta de correo electrónico; incluso disponían de tarjetas identificativas para entrar en las sedes; representaban institucionalmente a la agencia en actos internacionales, y disfrutaban de la infraestructura del organismo para desempeñar sus tareas.

En noviembre, una de las asistentes externas presentó una demanda ante magistratura. Los tribunales no sólo le reconocieron su relación laboral con la AECID, sino que consideraron que la agencia había vulnerado sus derechos porque le rescindió el contrato cuando apostó por la vía judicial. Otras 30 personas siguieron este camino, lo que provocó que en la AECID saltaran las alarmas y tomaran una determinación. Primero, a la mayoría no se le renovó el contrato, y segundo, pidió consejo a la Abogacía del Estado para hallar una solución, después de que tanto los sindicatos de funcionarios como el propio colectivo afectado reclamaran desde hacía tiempo que se pusiera coto a esta anomalía.

La categórica decisión adoptada por Elena Madrazo repercutirá negativamente en el funcionamiento de la agencia durante un tiempo, admiten fuentes oficiales internas. Algunas secciones han quedado prácticamente desatendidas, como el servicio de prensa, los departamentos sectorial y de género, el de gobernabilidad y el de salud. Su personal actual se reduce a un funcionario y un becario. Pero el principal perjuicio se plantea en los puntos focales (según la jerga propia de la AECID). Es decir, interlocutores directos en Madrid del personal desplazado en el extranjero que, por su especialización y conocimiento de cada país, realizan unas funciones muy complicadas de suplir. Esta especie de interlocutor directo afecta también a algunos organismos multilaterales y a los centros culturales de la AECID en el exterior.

La Agencia de Cooperación emitió la pasada semana una estricta directiva sobre la nueva situación de los trabajadores externos, cuyo acceso a la sede quedará restringido a reuniones y entrega de trabajos, aunque no romperán su relación con el organismo. La AECID subraya que la reestructuración no comporta ningún despido, pero al tiempo se admite que la falta de este centenar de personas (78 de ahora más los 30 personados ante magistratura) a tiempo completo en la sede supondrá una redefinición del organismo. Y añade que en tiempo de bonanza económica se hubieran podido convocar oposiciones para cubrir estos puestos, pero los obligados recortes afectan a toda la Administración.