¿Un IVA contra la especulación?
Creo que se ha entendido ya que una de las causas más importantes de la crisis actual ha sido la desregulación del sistema financiero internacional. Ha permitido a las entidades del sector imaginar y realizar operaciones que, sin infringir las normas -y en algunos casos transgrediéndolas-, han incitado la especulación, han favorecido el deslizamiento hacia una actividad propia de un casino y han hecho opaco y ficticio el valor real de los activos creados. Con ello se ha producido la paradoja de que los fondos de muchos ahorradores se hayan desviado desde la inversión en actividades productivas hacia operaciones de alta rentabilidad y de alto riesgo que han derivado en una enorme burbuja especulativa, cuya explosión ha puesto en crisis a todo el sector y a toda la economía.
Este impuesto desincentivaría las transacciones socialmente inútiles y favorecería las productivas
Hace dos años que se habla en el G-20 de la reforma, sin que se haya hecho ningún progreso. Algunos intentos nacionales (Estados Unidos, el Reino Unido) están también paralizados. Solucionar la crisis ha supuesto un coste de dinero público (es decir, dinero de todos) cuyo montante se ha calculado que a finales de 2011, en el conjunto de los países de la UE, puede alcanzar los tres billones de euros. La falta de reformas financieras permite pensar que esto se puede repetir una que vez se haya salido de la recesión. Esto es intolerable. Hay que terminar con la parálisis en que estamos.
Por ello es interesante y hasta esperanzadora una propuesta que se está abriendo paso en el Parlamento europeo, para crear una "tasa sobre las transacciones financieras" (en inglés FTT) consistente en introducir algo parecido a un IVA muy reducido en todas las operaciones de compraventa de activos financieros. La medida, en los términos propuestos por el PSE, sería un impuesto del 0,05% (medio euro por cada 1.000 euros), que tiene interesantes ventajas.
La primera es que no perjudica a las inversiones reales, es decir, las que se hacen con finalidad de ahorro o de inversión productiva, que tienen una perspectiva de medio o largo plazo. En estos casos, este pequeño impuesto significa un coste absolutamente insignificante en una operación con rendimientos a largo plazo o que busca una renta mensual o anual. En cambio, podría tener algún efecto en todas las operaciones especulativas de arbitraje, que consisten en hacer beneficios moviendo el dinero decenas o centenares de veces en un día para obtener un pequeño margen en cada movimiento. Este pequeño IVA sí puede hacer menos rentable la suma de tantas operaciones.
El broker frente a la pantalla del ordenador, comprando un activo cuando baja un punto la cotización y vendiéndolo a los pocos minutos cuando sube un punto, es el arquetipo de este negocio, que se puede sofisticar más; por ejemplo, vendiendo acciones que uno no tiene, pero que puede alquilar por un día. Se puede hacer negocio vendiéndolas por la mañana, haciendo que baje su precio, recomprándolas entonces a un precio más bajo, para poder por la tarde devolverlas al propietario habiendo ganado la diferencia entre los dos precios sin haber llegado a ser dueño de las acciones en ningún momento. Al tratarse la FTT de un impuesto "por cada transacción", no perjudicaría al inversor o al ahorrador real, y podría en cambio disminuir la actividad especuladora. Dicho de otra forma, desincentivaría las transacciones socialmente inútiles favoreciendo las productivas. Yo pienso que es lo más interesante de este impuesto.
La segunda ventaja es que podría tener una buena capacidad de recaudar fondos. Los promotores han calculado que a nivel mundial podría suponer al año unos 500.000 millones de euros, de los que casi la mitad podrían corresponder a las transacciones europeas. Estos 200.000 millones representan una cifra superior al actual presupuesto de la UE y podrían compensar en parte la gran cantidad de dinero público que ha sido necesario dedicar al rescate de las entidades financieras.
En tercer lugar, tal como está formulada la propuesta, el impuesto se aplicaría a las transacciones entre entidades y no entre particulares, de forma que no representara ninguna carga directa para los ciudadanos.
¿Es optimista pensar que esta propuesta pueda ser recogida por las instituciones de la Unión Europea y, como tal, ser presentada y aprobada en la próxima reunión del mes de junio del G-20? Aunque hay motivos de escepticismo, no hay que perder la esperanza.
Joan Majó es ingeniero y fue ministro de Industria.
