El sistema electoral

José Ignacio Wert (Sistema electoral, entre equidad y eficacia, EL PAÍS, 20 de abril) sostiene que el sistema electoral español es más justo que el francés o el inglés; para alcanzar tan sorprendente conclusión ha tenido previamente que no cuestionarse el propio contexto político español en el cual su reflexión se mueve. Su conclusión, por tanto, es fraudulenta. El autor sostiene la necesidad de comprobar si el interés que une al PSOE y al PP en el mantenimiento del sistema electoral proporcional de listas "es compatible con el de los ciudadanos y con los derechos de los restantes actores políticos".

A partir de ahí, los ciudadanos desparecen de su reflexión y los partidos políticos toman el protagonismo. La "equidad" del sistema a la que él se refiere consiste en que "los votos" se conviertan en representación parlamentaria de una forma justa, que "valgan" por "igual". Pero en un sistema electoral proporcional de listas, los diputados no "representan" a ciudadano alguno, sino a sus jefes, a los que se hallan, de facto, sujetos mediante una relación de "mandato imperativo" que vulnera el artículo 67.2 de la Constitución española, la cual, por tanto, tiene una contradicción interna insalvable.

Poco importa que el escaño sea propiedad del diputado, eso sólo son ficciones para leguleyos; los diputados saben bien a quien deben obediencia si aspiran a conservar su puesto. No en vano Aznar pudo contar con la sujeción de todos sus diputados para la empresa de Irak, al contrario que Tony Blair.

La "eficacia" del sistema consiste en permitir que los parlamentos elegidos conformen Gobiernos "viables y estables"; esa "eficacia" no se cuestiona la propia facultad de los Parlamentos de nombrar Gobiernos. En cambio, en Estados Unidos esa dificultad no existe debido a un sistema de Gobierno presidencialista, en el cual son los ciudadanos, y no los congresistas o senadores, los que eligen y deponen Gobiernos de forma directa.

Pero Estados Unidos es una democracia formal con separación de poderes; España no lo es. Ningún Parlamento elegido mediante el sistema electoral de listas ha servido jamás para "controlar" a Gobierno alguno; la realidad es que el Ejecutivo tiene sujeto al legislativo ya sea mediante la mayoría absoluta del grupo parlamentario correspondiente, ya sea mediante las transacciones del "consenso" en virtud del cual los parlamentarios renuncian a sus facultades de control sobre los gobernantes a cambio de su cuota de participación en el Ejecutivo.

Las ficciones jurídicas no pueden ocultar la realidad de los hechos. La "equidad" y la "eficacia" de Wert tienen como destinatarios de tan excelsas virtudes a los partidos políticos, instrumentos de representación para representarse, redundantemente, a sí mismos.