Estatuto de ida y vuelta

El parlamento de Castilla-La Mancha decidirá hoy, con los votos de la mayoría socialista, la retirada del proyecto de reforma de su Estatuto, depositado hace ya tres años en el Congreso para su tramitación. La retirada se debe a la reapertura por parte del PP de la discusión sobre la fórmula en principio acordada en relación a la reserva hídrica de la comunidad. Sin el acuerdo del PP, el proyecto no alcanzaría en las Cortes la mayoría absoluta requerida.

Las dificultades para aprobar el nuevo Estatuto no procedieron, en un primer momento, de la falta de acuerdo entre los dos principales partidos, sino de las diferencias de criterio dentro de cada uno de ellos por los intereses concurrentes de las autonomías en las que gobiernan. El PSOE logró controlar las suyas, pero en el PP se han ido reabriendo de manera recurrente.

El texto del Estatuto ahora abandonado contenía disposiciones sobre el agua del Tajo a las que se opusieron las comunidades de Murcia y Valencia, ambas con Ejecutivos populares. El PP de Castilla-La Mancha, por su parte, las había apoyado en el Parlamento autonómico. Pero la dirigente regional que tomó en su día esta decisión, María Dolores de Cospedal, se convirtió poco después en la número dos del PP nacional. Cualquier movimiento del PP favorable a las reclamaciones de Murcia y Valencia se hacía, entonces, a expensas de la autoridad de Cospedal; este enfrentamiento es el que, finalmente, ha acabado con el acuerdo PP-PSOE.

Un acuerdo que, por lo demás, fue posible en su día gracias a que socialistas y populares acercaron posiciones sobre la decisiva cuestión del agua, prescindiendo de la fecha de caducidad para el trasvase Tajo-Segura que preveía el texto y sustituyéndola por una reserva hídrica de 6.000 hectómetros cúbicos, luego rebajada a 4.000. Era la misma fórmula que la aprobada en el Estatuto de Aragón, que contó con el visto bueno de ambos partidos. Pero a última hora, y por presiones del Gobierno de Murcia, el PP sustituyó esa fórmula por una menos comprometida que se limitaba a registrar que el Gobierno de Castilla-La Mancha fijaba en 4.000 hectómetros las necesidades hídricas de la región.

Cualquiera de las fórmulas supone en todo caso forzar la norma constitucional que atribuye al Estado la competencia sobre las cuencas que afectan a más de una comunidad. El argumento de Barreda es, sin embargo, que no puede negarse a Castilla-La Mancha lo que ya se ha aceptado para Aragón. Una vez aprobado por el Parlamento autonómico, el Estatuto de Castilla-La Mancha ingresó en un injustificable limbo procedimental en el que ha permanecido durante tres años. La retirada no es una buena noticia. No sólo porque el regreso al anterior texto autonómico se percibe como un fracaso que hará que su reforma vuelva a plantearse tarde o temprano; también porque la cuestión del agua seguirá siendo un obsesivo asunto político que entorpecerá las relaciones entre Castilla-La Mancha y las comunidades limítrofes.