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Columna
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De política económica

Para la mayoría de los economistas, encontrar un precedente en tiempos de paz de la actual crisis económica requiere remontarse hasta los primeros años treinta del pasado siglo. Entonces, John Maynard Keynes publicó, en marzo de 1933, una serie de cuatro artículos en The Times editados posteriormente en su conocido panfleto El camino hacia la prosperidad. En él se pueden leer unas reflexiones que la inmensa mayoría de los economistas contemporáneos suscribirían hoy en relación con nuestras circunstancias: "Si nuestra pobreza fuera debida al hambre, o a cataclismos geológicos, o a guerras; si nos faltaran bienes materiales y recursos para producirlos, no podríamos encontrar el camino hacia la prosperidad (...) Nuestro problema es enteramente distinto, es un problema económico, en sentido estricto, o para expresarlo mejor, es problema que implica una combinación de teoría económica con el arte de gobernar, un problema de política económica".

En el comportamiento de los dos gobiernos ante el déficit, las simetrías saltan por los aires

España, y por tanto Galicia, viven hoy un problema económico en su sentido más estricto, es decir, un problema cuya resolución implica una hábil combinación de teoría económica y arte de gobierno. Entendido este último, lógicamente, en su sentido más keynesiano, es decir, y recurriendo de nuevo al panfleto citado, como la capacidad de realizar los "actos volitivos necesarios para aprovecharnos racionalmente de los recursos y técnicas que poseemos".

Si hacemos caso al discurso que sobre la teoría económica hacen las autoridades al frente del Gobierno central y del autonómico, los paralelismos son evidentes en relación con la necesidad de reducir el déficit y ser austeros; llegando incluso a la plena coincidencia: cuando la Conselleira de Facenda presentó hace unos meses los Presupuestos para 2010 al Parlamento defendió que había que "hacer más con menos"; expresión literalmente empleada hace unos días por el ministro de Fomento del Gobierno de España en una rueda de prensa. Si nos fijamos, en cambio, en el comportamiento de los responsables de cada nivel de gobierno, las simetrías saltan por los aires. Y nada mejor que observar el comportamiento que cada una de las administraciones realiza para afrontar el que todos coinciden en señalar como nuestro principal problema en el ámbito de la política económica: la reducción del déficit. España, según los datos recientemente dados a conocer por Eurostat, cerró 2009 con un déficit público equivalente al 11,2% de su Producto Interior Bruto (PIB), del que el 9,5% es responsabilidad de la Administración central. Es decir, el Gobierno socialista gastó por encima de lo que ingresó nada menos que el equivalente al 9,5% del total de la riqueza producida en España en 2009. Galicia, por su parte, cerró el año con un déficit equivalente al 1% de su PIB, es decir, dentro de las normas que el propio Gobierno de España había establecido, y que el mismo Gobierno de España ignoró. Pese a los números, el citado ministro de Fomento se apresuró a responsabilizar del déficit a comunidades autónomas y ayuntamientos.

La magnitud de la cifra de España puede medirse comparándola con la del déficit griego (13,6%); pero también, de forma más indirecta, a través de las declaraciones con las que el presidente Zapatero trataba de tranquilizar hace un par de semanas a las autoridades financieras internacionales en el Financial Times: "El déficit ha llegado a un punto que es insostenible", por lo que se propone rebajarlo "al precio que sea"; para evitar que España caiga "a la segunda división de la economía", cuando hace nada que, según el mismo Zapatero, nos salíamos por la parte alta de la Champions europea.

Poco a poco vamos viendo, conforme cada una de las administraciones tiene que hacer sus ajustes, cómo estos se concretan. El plan de austeridad del Gobierno central, por ejemplo, traslada la cobertura del agujero a los ciudadanos (11.000 millones de euros en nuevos impuestos) y a las comunidades autónomas y ayuntamientos (16.000 millones menos de transferencias). La Comunidad Autónoma de Galicia, en cambio, mantiene las transferencias a los ayuntamientos, el núcleo central del gasto social y congela o baja los impuestos, mientras ve cómo se reducen sus ingresos por transferencias, como consecuencia del plan de austeridad del gobierno central, en 116 millones de euros.

Ciertamente, como decía Keynes, no sólo es necesario tener una buena teoría económica. Hay que combinarla con cierto arte en la acción de gobierno. Si coincidimos en el marco teórico, la diferencia reside, básicamente, en el artista. O lo que es lo mismo: estamos ante un problema de política (no sólo) económica.

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