Competencia investiga a cinco constructoras por repartirse concursos

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha expedientado a cinco constructoras gallegas que supuestamente se repartían concursos públicos pactando los precios de las ofertas. El organismo ha detectado indicios de conductas tipificadas como "muy graves".

Las empresas, todas especializadas en la rehabilitación y pavimentación de firmes y carreteras, son las ourensanas Extraco y Misturas; Obras e Proxectos; Obras, Caminos y Asfaltos (Ocasa) y la Sociedad Anónima de Betunes y Firmes, además de la lucense Ovisa Pavimentos y Obras. Dos de ellas se encuentran entre las diez mayores adjudicatarias de la Xunta durante el año pasado, aunque la CNC hace referencia a su actividad en toda España. El expediente también incluye a otras 47 empresas de fuera de Galicia.

Actuaban como un cartel en la pavimentación de firmes

La instrucción tiene que estar resuelta en febrero de 2011, un año después de la incoación del expediente. Una vez resuelto, los inspectores elevarán la propuesta de sanción al consejo de la comisión, que tendrá otros seis meses para resolver. Las empresas se enfrentan a sanciones de un máximo del 10% de sus ventas anuales.

Los servicios de inspección fueron alertados por una denuncia anónima, tras lo que revisaron las sedes de varias de las empresas expedientadas. Tras las primeras pesquisas, la CNC estima que operaban como un cartel en el segmento de la rehabilitación y pavimentación de firmes y carreteras.

Durante las inspecciones, los responsables de la ourensana Extracto obstruyeron la investigación, que tuvo que interrumpirse temporalmente a pesar de que se hizo mediante procedimiento judicial. La compañía, la mayor adjudicataria de obra pública de la Xunta durante el año pasado, se llevó el concurso de la autovía que unirá Celanova con la frontera de Portugal en una UTE con Copasa por un importe de 121 millones de euros. Sus responsables eluden pronunciarse sobre las acusaciones de Competencia y se limitan a señalar que el expediente está en una fase "incipiente".Cinco constructoras gallegas, radicadas en las provincias de Ourense y Lugo, forman parte del grupo de empresas a las que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha abierto un expediente sancionador por conductas tipificadas como "muy graves", al ver "indicios racionales" de prácticas prohibidas en los concursos de obra pública a los que acudían. El expediente, todavía en fase de instrucción, incorpora en su investigación a las compañías ourensanas Extraco y Misturas, Obras e Proxectos, así como a las firmas Obras, Caminos y Asfaltos (Ocasa) y la Sociedad Anónima de Betunes y Firmes. En Lugo, la sociedad investigada es Ovisa Pavimentos y Obras. Extraco y Ovisa se encontraban entre las diez mayores adjudicatarias de la Xunta durante el año pasado, aunque la investigación de Competencia hace referencia a su actividad en toda España.

De acuerdo con la investigación de la CNC, las empresas, todas ellas especializadas en la rehabilitación y pavimentación de firmes y carreteras, aunque también relacionadas con la obra pública en general, alcanzaban acuerdos sobre el reparto de licitaciones y la fijación de precios en los concursos convocados por diferentes administraciones. Las empresas, según explicaron fuentes de Competencia, procedían, presuntamente, a pactar los precios y concertar las bajas con las que acudían a los concursos de obra, para posteriormente repartirse los contratos.

El expediente, que tiene su origen en una denuncia anónima que llegó a los servicios de la comisión, incorpora también a otras 47 empresas con actividad en todo el territorio nacional. Los servicios de la inspección de dicho organismo estiman que operaban como un cartel en el segmento de rehabilitación y pavimentación de firmes y carreteras. Las posibles prácticas restrictivas en las que habrían incurrido las compañías están prohibidas por el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia. En el marco de la información reservada, la Dirección de Investigación de la CNC realizó inspecciones previas en las sedes de varias de las empresas, entre las que se encuentra la ourensana Extraco y Misturas, Obras e Proxectos.

Otra de las firmas expedientadas es Ocasa, presidida por José Rodríguez Álvarez, también de Ourense y hasta hace unos años participada por Copasa. Ocasa mantiene vínculos accionariales con la Sociedad Anónima de Betunes y Firmes, otra de las empresas que se enfrentan a la sanción de Competencia. Representantes jurídicos de este grupo mostraron ayer su "sorpresa" por la incoación del expediente, al tiempo que negaron que realicen cualquier práctica restrictiva de la competencia.

Otra de las empresas que figuran en el expediente, Ovisa Pavimentos y Obras, con sede en Outeiro de Rei, unos 140 trabajadores y 20 millones de euros de facturación anual, fue el año pasado la séptima compañía, por volumen, que más obra pública recibió de la Xunta. Sin embargo, fuentes de la firma que dirige José Ramón Fernández de Mesa aseguran que las investigaciones de Competencia no tienen que ver con obras en la comunidad gallega y declinan valorar la investigación. Ovisa recibió el año pasado de la Administración gallega una decena de obras por 19,7 millones de euros.

La instrucción del expediente tiene un plazo máximo de un año a contar desde el pasado 18 de febrero, cuando se formalizó su incoación. Una vez resuelto, los servicios de inspección elevarán la propuesta de sanción a consejo de la CNC, que tendrá otros seis meses para resolver. Como falta muy grave, si se demuestra la concertación de precios, las empresas se pueden enfrentar a sanciones por un máximo del 10% de sus ventas anuales, según fuentes de la comisión.