Las comunidades se aplican en el ajuste del sector público

Los mercados pisan los talones a la Administración, pagana del terremoto financiero. Con la crisis fiscal en su apogeo, a Gobierno, comunidades y ayuntamientos no les queda otra que aligerar a toque de corneta su estructura administrativa. Las agencias de calificación de riesgos y los organismos internacionales dudan de la capacidad de ajuste de los Ejecutivos autónomos, dada la tendencia a aumentar su perímetro en los últimos años, ya sea por la asunción de competencias (sanidad, educación, dependencia) vinculadas al crecimiento demográfico, ya sea por decisiones propias. Pero las medidas adoptadas en los últimos meses, aunque sea de forma desigual, dicen otra cosa.

La caída de ingresos se agrava, en el caso de las comunidades autónomas, porque a partir de 2011 tendrán que devolver lo que el Gobierno les dio de más el año pasado por una errónea estimación de la recaudación fiscal. Las estimaciones sobre cuál será el retorno a las arcas estatales fluctúa entre los 20.000 y los 25.000 millones de euros. Además, Gobierno y comunidades están revisando los Presupuestos para 2010 con la idea de reconducir el déficit autonómico del 2,5% al 1,3% en cuatro años.

Sólo dos Gobiernos han elevado tasas o impuestos para mejorar ingresos

Las autonomías mantienen el gasto en servicios esenciales

Esos ajustes ya se han plasmado en los planes de reequilibrio de 10 comunidades, aprobados hace un mes. Algunas comunidades han hecho oficial el recorte (Extremadura, 368 millones), otros se han divulgado por la oposición (Cantabria, 60 millones) o la prensa local (Aragón, casi 100 millones por excesos en la previsión de ingresos). Según la vicepresidenta económica, Elena Salgado, sólo Navarra se librará de hacer un ajuste adicional, mientras que Madrid no debe presentar plan alguno, por no superar un déficit del 0,75% del PIB.

El Gobierno central ha postergado a la próxima semana su plan para reorganizar su estructura administrativa, aunque ha descartado, por ahora, reducir ministerios. Las comunidades aquí llevan trabajo adelantado. "Hemos reducido cinco consejerías y 22 direcciones generales", aducen en la Consejería de Economía (PP) madrileña.

En los últimos cambios de Gobierno priman las fusiones de departamentos. Alberto Núñez Feijóo (Galicia, PP) pasó de 13 a 10 consejerías. José Antonio Griñán (Andalucía, PSOE), de 15 a 13. Baleares (PSOE) ha fusionado Medio Ambiente y Ordenación Urbanística. José María Barreda (Castilla-La Mancha, PSOE) bajó de 14 a 10 hace dos años. Y Murcia (PP) se ha quedado en nueve, tres menos que la pasada legislatura.

El siguiente objetivo son los entes públicos, que en las comunidades han crecido a un ritmo elevado (un 28% en seis años), con especial atención a las empresas públicas, las que más transferencias se llevan. La Junta extremeña las reducirá de 18 a seis antes de que acabe el año. En Galicia, 48 entes se quedarán en el camino. Asturias ha limitado a 25 millones anuales las transferencias a las empresas públicas.

Todas las comunidades presentarán antes de junio un plan de racionalización de su sector público. En la Generalitat catalana, por ejemplo, están a la espera de las conclusiones de un grupo de trabajo formado por cinco expertos.

En los ingresos, las medidas son más tímidas: Castilla y León ha revisado al alza sus tasas y precios públicos; Cantabria ha recuperado parte del impuesto de sucesiones y ha elevado del 7% al 8% el tipo de los impuestos patrimoniales.

Pero en el gasto, la panoplia es amplia: renegociaciones para rebajar alquileres o los servicios de telecomunicaciones, concentración de sedes, recortes de inversión (el presupuesto de la Consejería catalana de Obras Públicas se redujo a la mitad este año), congelación generalizada de sueldos de altos cargos, tijeretazos en protocolo y suscripciones, y paralización de cualquier mejora en los equipamientos.

En empleo público, el Gobierno marca los objetivos (moderación salarial y limitar la oferta a cubrir el 10% de las vacantes), pero alguna comunidad, como Baleares o Madrid han congelados acuerdos en educación y sanidad, áreas en las que el pacto estatal con los sindicatos permite excepciones. Y un mensaje se repite. En palabras de un portavoz de la Consejería de Hacienda catalana: "El esfuerzo para reducir el gasto se hace blindando las partidas vinculadas a la financiación de servicios esenciales del Estado de bienestar que, no hay que olvidar, son de competencia autonómica".