Partidos y gallegos en Argentina, indignados por la reforma del voto

Tras años de debate político infructuoso, la reforma del voto emigrante está a la vuelta de la esquina. Con la fórmula que ultiman PSOE y PP en la subcomisión del Congreso de reforma de la ley electoral, 1,3 millones de residentes ausentes -de los que 350.000 están censados en Galicia- verán limitado su derecho al sufragio: sólo podrán, si prospera la propuesta, votar al Senado en las elecciones generales, a través de una circunscripción especial, pero quedarán excluidos de autonómicas y municipales. Los candidatos a la Xunta no volverían a pasar las noches electorales pendientes de las sacas de papeletas de la diáspora, pero en Argentina los partidos son muy reacios a los cambios que se avecinan, aunque la mayoría de los expertos consultados no dudan de su encaje constitucional.

"Hay mucha indignación", según un representante socialista

La posibilidad de que los emigrantes puedan ver recortado su derecho al voto ha caído como una bomba en Buenos Aires, la capital gallega del exterior. Más de 100.000 ciudadanos tienen derecho a ejercer su voto por su condición de españoles en Argentina -en su mayoría gallegos-, y la noticia sobre la reforma electoral afecta especialmente a los mayores, ya que muchos emigraron por razones políticas. La posibilidad de votar en su tierra de origen fue una conquista a la que ahora no están dispuestos a renunciar. Entre los partidos cunde la sorpresa.

El vicesecretario general del PSOE de Argentina, Carlos Fernández, apunta que no han sido consultados sobre el contenido de esta reforma y señala que hay "mucha indignación" entre sus militantes porque la posibilidad de que se restrinja el voto a los emigrantes "no se sostiene después de lo que hemos estado defendiendo en las distintas campañas electorales que se han realizado aquí".

Fernández, descendiente de gallegos, se muestra comprensivo ante la posibilidad de que se llegue a impedir el voto de los emigrantes en las municipales, aunque advierte que muchas personas mayores tienen vínculos emotivos muy fuertes con sus pueblos de origen. Sin embargo, su oposición es total a que se les impida votar en las autonómicas y que tampoco puedan elegir a los miembros del Congreso, ya que éstos son los encargados de nombrar al presidente del Gobierno.

Desde el PP el nuevo secretario general de esta formación en Argentina, Fernando López, se muestra cauto a la hora de opinar de una propuesta que todavía está en estudio, pero apunta que los populares de Argentina no están dispuestos a aceptar "un recorte". "Estamos de acuerdo en todo lo que sea perfeccionar el sistema electoral pero entiendo que tanto el PP de Argentina como el de España van a defender los derechos de los emigrantes y que no haya limitaciones en el voto", indica. Incluso se muestra contrario a que se impida a los emigrantes votar en las elecciones municipales, puesto que muchos de ellos tienen "lazos de sangre" con sus localidades de origen. Por su parte, Francisco Lores, representante del BNG en Argentina y presidente de la Federación de Sociedades Gallegas, apunta que hay "mucha indignación" entre los gallegos del país ante la posibilidad de que se restrinja el sufragio. Los representantes de más de veinte sociedades vinculadas a Galicia han firmado un escrito en el que se rechaza esta posibilidad.

Desde el otro lado del Atlántico, los expertos en Derecho Constitucional de las universidades gallegas no creen que la Carta Magna proscriba la restricción del voto de los residentes ausentes. Tan sólo Roberto Blanco Valdés, catedrático de la especialidad en la Universidade de Santiago, se posiciona en contra.

El artículo 68 de la Constitución señala que el Estado "facilitará el derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España". La comisión quiere ahora dar una interpretación restrictiva a la coletilla "se encuentren", que pretenden equiparar a la residencia civil, pero para Blanco Valdés "el derecho de sufragio no debe depender de la vecindad" y entiende que va "asociado a la ciudadanía". Respecto a las elecciones autonómicas, la propuesta descansa sobre las definiciones que establecen los nuevos Estatutos de Autonomía que se han aprobado en los últimos años y que hacen hincapié en la residencia. Blanco Valdés es categórico en este punto: "Vulnera totalmente el principio de igualdad ante la ley".

Otros dos catedráticos de Derecho Constitucional sí son favorables al cambio legal. José Antonio Portero Molina, de la Universidade da Coruña, cree que la circunscripción específica para emigrantes es una buena solución. Cree que la modificación se puede hacer a través de una ley orgánica, pero tampoco ve como un problema que se cambie la Constitución, si fuese necesario. "Ya se hizo en 2002 para el sufragio pasivo de los ciudadanos europeos y no hubo problema". Y rechaza los argumentos de quienes alegan intereses económicos para justificar su derecho. "Pagar impuestos no da derechos políticos", asegura. También en A Coruña, el catedrático Javier Ruipérez y Alamillo se muestra bastante de acuerdo con Portero. Según él, la mayoría de los expertos coinciden en que con una ley orgánica basta para cambiar los requisitos para el voto, y al igual que Portero ve lícito que se recurra a los Estatutos para determinar la residencia. "Yo no veo un problema de constitucionalidad", concluye.