EL ÚLTIMO RECURSO
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Cuando sacar la pata es un arte

"Todos metemos la pata, lo que nos diferencia a unos de otros es cómo la sacamos", asegura el abogado madrileño José Luis Galán. Porque de lo que ya no cabe duda es de que el cierre del diario en euskera Egunkaria y la detención de todos sus directivos el 20 de febrero de 2003, por orden del juez Juan del Olmo, por creer que estaba creado, financiado y dirigido por ETA, fue una inmensa metedura de pata y un día negro para la libertad de expresión.

El caso es que las señales estaban claras. El juez Garzón ya había rechazado el primer informe de la Guardia Civil sobre el asunto, entre otras cosas, porque los mismos documentos incautados a la dirección de la banda terrorista que sirvieron para cerrar el diario Egin eran la base del proceso contra Egunkaria y, además, todos eran anteriores a 1993, es decir, 10 años antes. Sin embargo, el fiscal Eduardo Fungairiño y Del Olmo decidieron seguir adelante.

La sentencia de 'Egunkaria' deja en evidencia lo hecho por el juez Del Olmo

La investigación tenía como objeto comprobar un supuesto blanqueo de dinero y allegamiento de fondos en favor de ETA. Tras años de pesquisas no se consiguió ni un indicio que avalara esa hipótesis. Ante el fracaso, Del Olmo decidió entonces investigar si el diario era un medio de expresión y apoyo de los terroristas. Fiasco de nuevo. Como dice la sentencia, no se ha acreditado "que Egunkaria haya defendido los postulados de la banda terrorista, haya publicado un solo artículo a favor del terrorismo o de los terroristas, ni siquiera que su línea editorial tuviera un sesgo político".

Pero Del Olmo no se conformó con cerrar el periódico. Tras los atentados del 11-M, el juez, que tenía que instruir el sumario, solicitó la ayuda de un juez de apoyo. Quedó liberado de guardias y cedió todos los casos de su juzgado excepto uno: Egunkaria. Y cuando año y medio después del cierre del diario y tres desde el inicio de las investigaciones ya veía que aquello no fructificaba, ni corto ni perezoso el 5 de julio de 2004 procedió a la liquidación de los bienes de Egunkaria y su sociedad editora. ¿Por qué no dejó el caso? ¿A qué se debió ese empecinamiento? ¿Por qué medidas tan drásticas? Sostiene el matemático John Allen Paulos que "los fanáticos doblan sus esfuerzos cuando el apoyo a sus posturas se reduce a la mitad".

La sentencia dictada ahora por los magistrados Javier Gómez Bermúdez, Manuela Fernández Prado y Ramón Sáez es un ejemplo de cómo se debe sacar la pata y recuerda que no todo lo vasco tiene que ver con ETA como algunos pretenden y a los propios terroristas les gustaría. "Obviamente, los que se oponían al primer trazado de la autovía de Leizarán no son por ello de ETA", dice la sentencia, "como no lo son los que hablan y escriben en euskera, los que conservan y fomentan la cultura autóctona vasca o los que son contrarios a las drogas o a las torturas". Y agrega: "La estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tenga que estar fomentado y controlado por ETA conduce (...) a una errónea valoración de datos y hechos y a la inconsistencia de la imputación". Se puede decir más alto, pero no más claro.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Como claro es, y así lo recoge la sentencia, que el cierre de un medio de comunicación es de dudosa constitucionalidad, porque afecta a derechos fundamentales de los ciudadanos, como es la libertad de dar y recibir información veraz. Los magistrados consideran que no hay norma que habilite de manera directa al juez para suspender cautelarmente la actividad de un medio de comunicación, "salvo quizás en supuestos excepcionales en evitación de nuevos delitos graves y cuando no sea posible otra medida menos gravosa". En este caso no había delitos a evitar porque, a diferencia del caso Egin, los terroristas no se comunicaban a través de anuncios del periódico. En fin, un desastre.

El último revolcón que la sentencia propina a Del Olmo es la afirmación de que no tuvo control "suficiente y eficiente" sobre la incomunicación de los directivos detenidos. No se dice que hubo torturas, porque no puede decirlo, pero recuerda que los acusados las denunciaron y que las denuncias eran compatibles con los partes de los médicos forenses. Es decir, que Del Olmo fue negligente por no apreciar los malos tratos. O no los vio o no quiso verlos.

Parafraseando al humorista Jaume Perich, gracias a la libertad de expresión hoy ya es posible decir que un juez con prejuicios que cierra un diario sin estar constitucionalmente habilitado para ello es un inútil sin que nos pase nada. Al juez, tampoco.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS