El chollo de los no adscritos

Ni el PP ni el Gobierno regional han recibido "ninguna reacción" de los tres imputados en el caso Gürtel -el ex consejero Alberto López Viejo, el ex portavoz adjunto del PP Benjamín Martín, y Alfonso Bosch-, después de que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, les pidiera el pasado jueves en la Asamblea que renuncien a su escaño, según fuentes oficiales.

Fue un brindis al sol, porque el acta parlamentaria es individual, Aguirre no tiene capacidad de presión y todo apunta a que los tres seguirán como diputados, pues se trata de una estrategia jurídica para que continúen como aforados y el caso siga en manos del juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La Asamblea se bajó el sueldo un 2% en agosto y en enero se lo volvió a subir

Antiguos colegas de los tres parlamentarios afirman que, desde el principio, estos han tenido "terror" a que fuera Baltasar Garzón el encargado de investigar su relación con el Gürtel y por eso no van a renunciar al escaño. También aseguran que no quieren hablar. Lo mismo dijo ayer López Viejo en una breve conversación telefónica: "No voy a hacer ningún tipo de declaraciones".

Pero mantener los privilegios del acta parlamentaria de los tres le cuesta dinero al erario público, que paga los gastos de la Asamblea de Madrid. Y eso que el PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara regional, forzó un cambio del Reglamento para impedir que se le volviera en contra la salida de los tres imputados del grupo. Porque, de haber mantenido la normativa, habrían duplicado sus emolumentos, al pasar al grupo mixto.

Para evitarlo, se introdujo la figura del diputado no adscrito. Según la oposición, PSM e IU, en connivencia con los propios imputados, a cambio de que mantuvieran el silencio. Una tesis que niegan los populares, que aseguran que no hay relación. "Ni se hablan", afirman fuentes del Gobierno regional. Aunque esta afirmación no casa con el trato que reciben los imputados en la Asamblea.

Cuando asisten a los plenos, no es raro verlos bromear con algún diputado popular. Una actitud que contrasta con el vacío que hicieron sus ex compañeros socialistas a Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, tras la espantada que impidió que Rafael Simancas fuera nombrado presidente en 2003.

Desde que el pasado 9 de octubre accedieron a abandonar el grupo del PP, los tres imputados trabajan una media mensual de 30 minutos. Es el tiempo que tardan en los tres plenos que se celebran cada mes en pulsar el botón eléctrico del voto. Siempre votan con el PP. Es lo único que hacen, porque como queda grabado, demuestra que han asistido al pleno y eluden sanciones por incomparecencia.

Sin embargo, cobran el mismo sueldo que si trabajaran a tiempo completo: 3.808 euros en 14 pagas (53.312 euros anuales) por media hora de actividad. Pese a que los diputados regionales se bajaron el sueldo un 2% en agosto para dar ejemplo por la crisis, en enero se lo volvieron a subir, según fuentes de la Mesa de la Asamblea. La decisión que se tomó fue congelarse el sueldo, como habían hecho en enero de 2009, pero tomaron como referencia la cantidad que cobraban justo un año antes.

Respecto a los tres imputados, la Mesa de la Asamblea decidió respetar sus "derechos individuales", según las mismas fuentes. Y reciben los beneficios del resto de parlamentarios. Cuentan con un ordenador portátil, una tarjeta de acceso a Internet de tarifa plana y un teléfono móvil de última generación (con acceso a Internet y sin límite de llamadas) para su trabajo diario. Además, todo tipo de facilidades en el transporte: abono anual para todas las zonas (111 euros), tarjeta para taxis con un límite de 200 euros y otra para autopistas de peaje de todo el país, de hasta 30 euros diarios.

También disponen de un despacho en la primera planta del hemiciclo. López Viejo uno para él solo, y Bosch y Martín comparten el contiguo. Pero, como ha comprobado este diario, la mayor parte del tiempo están cerrados y desocupados. Como sus dueños.