La mediación imposible

A Itziar González se la podía encontrar a las nueve de la noche en la iglesia de los Josepets, entre planos de la reforma de la plaza de Lesseps y explicándola a los vecinos para llegar a un acuerdo. Fue la persona que medió y desencalló el conflicto enquistado con el Consistorio para la reforma de la plaza. Y esa capacidad fue argumentada en más de una ocasión por el PSC para ficharla en las elecciones de 2007 como independiente en la lista que encabezaba Jordi Hereu. El alcalde la puso al frente del distrito más complicado para evidenciar que creía en una política de proximidad y mediación. La apuesta ha terminado en fracaso.

González, que asumió el cargo con indisimulada ilusión, lo ha intentado casi todo abriendo infinidad de comisiones negociadoras. Pero es tarea difícil cuando se trata de narcosalas o de prostitución callejera, o de los problemas de un mobbing desbocado en muchos de los barrios de Ciutat Vella, o de la proliferación de apartamentos turísticos en edificios de vecinos. Muchos de esos problemas han generado protestas vecinales que han llegado a la mala educación y casi a insultos en algunas acaloradas sesiones de los plenos de distrito.

Los vecinos quieren soluciones concretas y rápidas ante la degeneración de sus barrios, y González abría procesos de intermediación que muchas veces, para los afectados, requerían demasiado tiempo. Residente en Ciutat Vella desde hace más de 20 años, la gente la paraba por la calle o la abordaba en cualquier lugar con cuestiones que tenían cara, nombre y apellidos. Una de las primeras batallas que emprendió en el distrito fue contra el mobbing inmobiliario. Llegó a un acuerdo con la fiscalía y empezó a derivar casos claros e intentar mediar y solucionar. Después se enfrentó a la plaga de apartamentos turísticos y cerró más de 700 desde 2008, lo que le provocó no pocos problemas con el sector. El robo en su domicilio de ordenadores y otros efectos personales contribuyó a enrarecer más el clima.

Órdago al alcalde

En urbanismo, paralizó el llamado plan de los ascensores de la Barceloneta para afrontar la rehabilitación del barrio de otra manera. Y con el hotel del Palau de la Música llegó a lanzar un órdago al alcalde si seguía adelante con un proyecto que era rechazado por los vecinos y por ella.

El PSC y el edil de Urbanismo, Ramón García-Bragado, en cambio, veían muy bien la operación hasta que estalló el escándalo de Millet. Algunos de sus compañeros la han dejado en evidencia en más de una ocasión. Carles Martí la desautorizó después de que ella anunciara que otros distritos también tendrían narcosalas.

El área de Promoción Económica ponía el acento en los beneficios de la actividad turística y la edil defendía restricciones en el plan de usos para proteger los derechos de los residentes frente a la invasión turística. Uno de los últimos desencuentros fue el relacionado con la apertura de prostíbulos y meublés: ella lo quería introducir en el plan de usos y el PSC se opuso.