Otra visita al Supremo

El juez Baltasar Garzón compareció ayer por segunda vez en poco tiempo ante el Tribunal Supremo en condición de imputado. En esta ocasión, la cita correspondía a su primera declaración en la causa que se le sigue por haber archivado una querella contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, tras haber dirigido unos cursos en la Universidad de Nueva York patrocinados por la entidad financiera. La causa fue archivada hace un año, pero los querellantes -uno de ellos letrado en la querella contra Botín-, han logrado reabrirla insistiendo en que existe relación entre el patrocinio y el posterior archivo de la querella. Acusan al juez de un delito de prevaricación en conexión con otro de cohecho.

Esta causa se diferencia de las otras dos abiertas contra Garzón en un aspecto esencial: quiere alimentar la sospecha de que el juez utilizó la jurisdicción en provecho propio. En la abierta por los crímenes del franquismo a instancias del sindicato ultraderechista Manos Limpias y Falange Española la motivación es ideológica: lavar el honor de los responsables de aquellos crímenes, mancillado por el intento de Garzón de abrir una causa penal contra ellos, para así resolver el problema de las fosas. Ese trasfondo hace a esta causa especialmente lacerante para muchos españoles: transmite el mensaje de que el Tribunal Supremo de la democracia considera aceptable que los restos de las víctimas del franquismo que yacen todavía en esas fosas sigan desperdigados por los campos y cunetas de España. Y en la causa de las escuchas a abogados del caso Gürtel presuntamente implicados en la trama, es transparente que el objetivo es la impunidad de los delitos de corrupción

Las tres causas coinciden en los rasgos más importantes. Han sido abiertas a instancias de acusaciones particulares y populares y con la oposición del ministerio fiscal, defensor institucional de la legalidad. Las tres versan sobre asuntos que han tenido solución, tras la natural controversia jurídica, en el ámbito de la jurisdicción: dos de ellas, la causa por los crímenes del franquismo y el archivo de la querella contra Botín, en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y la de las escuchas, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Que vuelvan por la vía de la querella no deja de plantear sospechas de instrumentación de la justicia y de interferencia dolosa en la actividad jurisdiccional que el Tribunal Supremo debería impedir.

La Sala Penal de la Audiencia Nacional consideró ajustado a derecho el archivo de la querella contra Botín. ¿Dónde está, entonces, la injusticia dolosa propia de la prevaricación? Que Garzón no se inhibiera no significa que prevaricara. Tampoco lo hizo el magistrado De la Rúa, por su amistad íntima con Camps, en la causa de los trajes y nadie se atrevió a acusarle de prevaricar. Incluso si el Supremo anulara la sentencia que absolvió a Camps sería aventurado acusarle de ese delito. Garzón cuenta con la ventaja de que el tribunal del que depende avaló su actuación.