El ciudadano es el que paga cara la corrupción

La estrategia de defensa del ventilador o del calamar (echar la porquería por todas partes), la tesis de la manzana podrida o, a las malas, del árbol podrido (culpar a personas concretas y no a una parte amplia de la organización). Las elecciones no se ganan, se pierden, suele recordarse en los circuitos políticos. Por eso, cuando surge un gran escándalo de corrupción vinculado a altos cargos de un partido político, la principal preocupación de sus estrategas no siempre tiene como principal prioridad limpiar su imagen, sino más bien ensuciar la de su principal contrincante en las urnas. Este tipo de comportamientos, que están muy generalizados, según sociólogos y politólogos especialistas en el análisis de estos temas, deterioran enormemente la imagen de toda la clase política. "Todos los políticos son unos corruptos". Esta tan manida como devastadora afirmación, para la política y para la democracia, se usa alegremente en la calle para poner en tela de juicio la gestión de todos los que acceden al poder. La presunción de inocencia se convierte así en el sentir popular en presunción de culpabilidad y el político se ve al final abocado a demostrar que no roba. El caso Gürtel es la última trama destapada de corrupción política que implica a más de una manzana del PP, de una rama y probablemente a varios árboles.

PSOE: "Hay que actuar de inmediato con coherencia y contundencia"

La valoración negativa es bastante generalizada en la mayoría de los países

Muchos ciudadanos entienden que las del poder son las reglas de juego

PP: "Se deben tomar medidas duras cuando hay indicios claros o condenas"

Un informe internacional advierte de lagunas en las leyes españolas

No hay un control adecuado de empresas vinculadas a los partidos

"Un caso así afecta a la imagen de todos, pero la ciudadanía sabe distinguir. En una encuesta reciente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre el tema quedó claro que la gente ve ahora más corrupto al PP que al PSOE, incluso los votantes del PP", afirma el catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos, Manuel Villoria, que dirige además el Departamento de Gobierno, Administración y Políticas Públicas del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. "No obstante", prosigue Villoria, "los políticos o la clase política son el tercer problema más importante para los españoles. Y este último dato surge a partir, sobre todo, del caso Gürtel y de la suma de casos de corrupción urbanística que se condensan a finales del 2009. Cuando la corrupción política aparece en primera página de la prensa de forma continua, una de las consecuencias es ésta, que la clase política se convierte en problema".

Antes hubo otros casos, desde finales de los ochenta a principios de este siglo -Naseiro (PP), Filesa (PSOE), el caso saqueo o Marbella (GIL) -, aunque en las últimas décadas han sido más puntuales, ninguno tenía un entramado tan amplio como el Gürtel. Son redes complejas, complicadas de desgranar para los jueces y, por tanto, ni que decir tiene de entender para el común de los mortales. La ciudadanía, dicen los expertos, se queda sólo en la letra gorda. La de los grandes titulares y la de las frases impactantes de los diversos partidos del arco parlamentario. El mensaje de que ha habido corrupción, presunto enriquecimiento ilícito mediante la utilización de cargos y fondos públicos, llega a la población, pero en la mayoría de los casos los ciudadanos lo perciben como casos ajenos a ellos, a su vida, señalan los analistas. No acaban de ver que dar una concesión de un terreno urbanizable por un valor inferior al real repercute en las arcas públicas del ayuntamiento correspondiente, lo que supone un perjuicio directo para los ciudadanos de ese municipio. Se deja de ingresar en él dinero que se dedicaría a la sanidad, la educación o las carreteras de todos para destinarlo a fines ilícitos, del enriquecimiento individual a la financiación de una organización privada, como es un partido político.

Esta baja percepción de las consecuencias de esta corrupción en la vida de los ciudadanos es uno de los factores que hace que el voto apenas se mueva. Al menos a corto plazo. A largo, la razón por la que se mueve suele ser el hartazgo.La estrategia de los partidos ante estos casos corruptos es diferente según el tamaño de la institución y el poder que tenga. "El PP ha optado, a través de sus apoyos mediáticos, por recordar Filesa y los escándalos pasados (estrategia del calamar)", analiza Villoria. "Y, lo que es más preocupante, ha intentado destruir la reputación y la imagen de todo el que ha investigado el caso -la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) o Garzón- o lo ha denunciado, el caso del pobre sastre es terrible. Es una estrategia muy dura, ya veremos los resultados", agrega.

Un enfoque del que se habla poco son las consecuencias que tiene la corrupción a largo plazo. La mayor parte de los analistas coinciden en que los efectos en los partidos son limitados. Por lo tanto, al que al final le sale más cara la corrupción es al ciudadano. Una parte de sus impuestos se evaporan en esas corruptelas por agujeros diversos y deja de percibir servicios públicos o una mejora de su calidad de vida, que podrían obtenerse con el dinero evaporado por los corruptos.

El catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, señala que la valoración negativa de la clase política y de los partidos "es bastante generalizada en la mayor parte de los países", según pone de manifiesto el Barómetro Global de la Corrupción, un índice que elabora su organización a nivel internacional. Y los ciudadanos, ante el hastío que les causan estos casos, "deciden no votar en las elecciones, o bien votar en blanco, como rechazo ante la clase política, o votar a partidos nuevos, que no están contaminados por casos de corrupción y contienen mensajes singulares", explica Lizcano.

Tanto el secretario del Área de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, como el secretario Nacional de Política Autonómica y Local del PP, Juan Manuel Moreno, coinciden en que los grandes escándalos de corrupción perjudican a toda la clase política. Ambos opinan que estos escándalos, aunque no pasen factura a corto plazo, sí tienen un gran coste para la política. "El ciudadano sí deduce cuándo un comportamiento es inmoral, indecente, aunque no conozca los detalles del caso", opina Hernando. "La gente intuye que la perjudicada por estos casos es toda la ciudadanía". Es estos casos lo importante es, según este responsable socialista, actuar con "contundencia, coherencia y salvaguardar la institución. No vale adoptar medidas internas y dejar a esas personas en las instituciones, sean ayuntamientos o las que sean. Porque la intolerancia con estos casos tiene que ser total e inmediata". ¿El PSOE ha aprendido la lección después de los escándalos de los noventa? "Sí, ha demostrado que ha sido muy contundente ante los casos de corrupción, no se ha tardado ni 24 horas en tomar medidas", contesta Hernando. Y pone como ejemplo el caso del Ayuntamiento de Coloma de Gramanet: "El mismo día que se destapó, por la tarde, el alcalde estaba expulsado del partido y había dejado su acta de concejal".

Desde el PP, Juan Manuel Moreno asegura que estos casos "son la primera amenaza que tiene un partido, la clase política y el sistema democrático". Y apunta varias responsabilidades: "El primero es el político corrupto y es al que hay que perseguir. Pero luego hay otros niveles de responsabilidad. Los partidos políticos, por ejemplo, que han utilizado los casos de corrupción para desgastar al adversario. Pero es importante tener en cuenta que son estructuras muy amplias, con cientos de cargos públicos y, desgraciadamente, es muy difícil de controlar a todos. Pero estos casos no afectan ni al 0,1% de ellos, la inmensa mayoría de los políticos es gente honesta, en la que se puede creer, que se vuelca, por ejemplo, en la política municipal, haciendo un sacrificio en muchos casos".

Este responsable del PP también reconoce que, a raíz del caso Gürtel, su partido se ha vuelto más severo internamente. "Ya pensábamos desde hace tiempo la conveniencia de tener un código ético, como tienen muchas empresas privadas. Todos los cargos públicos y miembros de los órganos del partido deben firmarlo, comprometerse. A partir de ahora, es más difícil que haya casos de este tipo, el compromiso con la transparencia y la buena administración de los cargos políticos es claro y también las consecuencias". ¿Cuáles son? "Tiene que haber un equilibrio entre la presunción de inocencia y la situación de presión social a través de los medios, porque ha habido casos que luego la justicia ha archivado o sobreseído. Pero cuando hay indicios claros o condenas firmes, es más duro, se expulsa al afectado del partido y se le inhabilita".

A pesar de las explicaciones de los portavoces de los dos partidos mayoritarios, Lizcano insiste en que "el control interno de los partidos es manifiestamente mejorable y, de hecho, la nueva ley de financiación de los partidos les exige un mayor control interno". Y remite al último informe del Grupo de Estados Europeos contra la Corrupción (conocido como el Greco), que "pone de manifiesto que hay todavía lagunas en la legislación española, resalta que no existe suficiente información y tampoco un adecuado control en las fundaciones y empresas vinculadas a los partidos". Y añade Lizcano otra pega: "Se exige fundamentalmente control a nivel agregado o nacional, sin que los partidos informen sobre sus cuentas en las entidades locales, que es donde radican en muchas ocasionen los casos de corrupción, sobre todo urbanística".

El experto internacional en temas de corrupción y Gobierno Víctor Lapuente hace un detallado análisis desde el departamento de Ciencia Política de la Universidad de Gothenburg: "A nivel comparado, con independencia del contexto sociocultural y económico o de la ideología del partido, es frecuente encontrar sistemas políticos donde la corrupción tiene efectos electorales muy limitados. Pero parece que los medios de comunicación juegan un papel importante para limitarlo".

En España no hay muchos estudios concluyentes todavía, recuerda Lapuente. Unos dicen que no hay consecuencias. Otros, ponen en duda que no las haya, aunque con cautelas.

Pero, como se mencionaba antes, la corrupción sí tiene otras consecuencias que afectan más directamente al bienestar de los ciudadanos. Lapuente aporta unos clarificadores datos al respecto: "La idea es que la corrupción daña lo más vulnerable y esencial para el desarrollo social, económico y político de un país, que es la confianza, tanto en las instituciones públicas, de lo que se habla bastante, como en el resto de nuestros conciudadanos, de lo que se habla muy poco, a pesar de que es importante. Lo que se denomina 'confianza social' (un concepto controvertido, pero muy relevante en ciencias sociales) se erosiona gravemente. La razón es que el hecho de que los agentes públicos sean corruptos, en lugar de imparciales, actúa como una señal para los ciudadanos de cuáles son las reglas de juego en la sociedad. Ello conlleva a un deterioro de las interacciones humanas, que genera efectos negativos, tanto económicos como sobre casi cualquier ámbito de la vida".

Los estudios corroboran estas afirmaciones. Los especialistas Holmberg, Rothstein y Nasiritousi, analizaron y resumieron en 2008 decenas de estudios sobre los efectos de la corrupción en hasta un centenar de países. En sus conclusiones se puede ver cómo la corrupción presenta unas correlaciones altísimas con todo lo malo que le pueda pasar a un país. Así, el resultado es que la corrupción lleva en muchos casos a estas consecuencias: menos crecimiento económico y menor renta per cápita; más paro; más desigualdad económica (la corrupción afecta más a los más desfavorecidos); menos esperanza de vida y menor percepción subjetiva de salud; peores indicadores de sostenibilidad medioambiental, y menos Estado del Bienestar en general.

Así las cosas, nadie se atreve a señalar algo concluyente sobre por qué, por ejemplo, tras destaparse el escándalo Gürtel, en el último barómetro del CIS que recoge la intención de voto, del pasado enero, el PP (con un 40% de estimación de voto válido) está casi cuatro puntos por encima del PSOE (con un 36,2%). Pero los expertos refrescan en la memoria situaciones pasadas. A Felipe González le afectaron lo suficiente escándalos de los noventa (los de Filesa y Roldán) como para perder las elecciones en 1996 y posibilitar la mayoría absoluta al PP en 2000. A González, según datos de Manuel Villoria, le afectó en realidad poco porcentualmente, pero fue suficiente: "El 2% de votos que le hicieron perder". Es pronto, según los analistas, para hablar de los efectos sobre el PP del caso Gürtel. Villoria opina que "si las elecciones generales fueran mañana, seguro que algo le afectaba, y ese algo podría ser determinante".

Otro de los principales expertos en los efectos de estos escándalos es en el voto en España, Fernando Jiménez, profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Murcia. "No hay una conexión automática o espontánea entre revelación de corrupción y castigo electoral", coincide. "Hay toda una serie de factores o condiciones que median en esta relación. Si falla alguna de ellas, la conexión quiebra y puede no haber castigo. Las razones pueden ser muy diversas. Pero con mucha frecuencia (y este parece ser el caso en Valencia o en Murcia), la gente no es capaz de visualizar que exista realmente una alternativa creíble de gobierno. En esos dos casos, el PSOE ha estado inmerso en una interminable y demoledora batalla interna que los desacredita como opción de gobierno, lo que ha dejado un margen de actuación formidable para el PP".

Los partidos siguen estrategias precisas, pero Jiménez considera que no han hecho "realmente nada que les haya llevado a tomarse el problema de la corrupción realmente en serio". "Las medidas han sido defensivas e hipócritas. Primero, negar las acusaciones y tratar de desprestigiar a los acusadores y restarles credibilidad. Después, si el caso seguía adelante, viene la estrategia de las manzanas podridas: deshacerse de los individuos directamente afectados. Y simultáneamente se emprenden dos estrategias relacionadas con la tramitación judicial de los casos: primero, confundir responsabilidad política con penal y reducir aquélla a ésta como una manera de retrasar la toma de decisiones, algo que es demoledor para la salud del sistema democrático. Y segundo, tratar de desactivar el proceso judicial con triquiñuelas procesales".

En relación con el control interno de los partidos, aporta la perspectiva internacional Víctor Lapuente: "El control interno de los partidos falla porque hay incentivos muy poderosos a no desvelar la corrupción de tus compañeros de partido. A diferencia de en otros países de nuestro entorno, los partidos en España son 'unidades de destino en lo universal' donde la lealtad, entendida en términos más personales que ideológicos, es un valor supremo". ¿Y qué pasa en el caso de que se produzcan los disensos internos dentro de un partido, tengan o no que ver con la corrupción? "Entonces es curioso ver que, mientras en otros países los partidos parecen dividirse un poco más de acuerdo con posicionamientos ideológicos -por ejemplo, se habla de 'el sector más liberal' frente al 'sector más conservador'-, en España, la lealtad interna parece que está más basada en relaciones personales -por ejemplo, zaplanistas o zapateristas, aguirristas o guerristas-", concluye.

Al poner ejemplos de otros países del entorno de España, todos los especialistas miran con mayor preocupación hacia la bota del mapa: "El caso más dramático de escándalos continuos de corrupción en una democracia avanzada es el de Italia", en palabras de Manuel Villoria. "La respuesta judicial se llamó mani pulite y no está de más compararlo con la España actual".