El PSC reprocha a Corbacho el tijeretazo a los fondos de inmigración

La decisión del alcalde de Vic (Osona) de comenzar a denunciar cuantos inmigrantes sin papeles acudan a sus oficinas de empadronamiento ya se ha convertido en la primera gran polémica de la precampaña electoral pese a la intención de los partidos de izquierda de no hacer de la inmigración un arma para cazar votos. El PSC y Esquerra Republicana se enfrentaron ayer a la difícil papeleta de desautorizar la medida de un ayuntamiento en el que gobiernan junto con el alcalde, Josep Maria Vila d'Abadal, de Convergència i Unió. El debate se vivió con especial intensidad en la ejecutiva del Partit dels Socialistes, en la que algunos alcaldes, con Iolanda Pineda, de Salt, en cabeza, reprocharon al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que justo ahora haya decidido recortar el 65% los fondos destinados a la integración de inmigrantes.

Aunque la discusión se hizo en términos positivos, las quejas de los alcaldes socialistas por falta de recursos para afrontar el fenómeno migratorio obligó a Corbacho a salir a defenderse. Aseguró que la crisis económica ha obligado a recortar de donde se ha podido y que, al no poderse hacer de la partida de pensiones, se optó por el fondo de inmigración, dotado en un principio con 200 millones de euros para 2010 y que, finalmente, quedará en 70.Tras la ejecutiva, Pineda aseguró que el PSC "no puede valorar positivamente los recortes, y hemos de trabajar para no se produzcan".

Los socialistas catalanes evitaron cargar contra sus concejales de Vic. Fuentes del partido aseguraron por la tarde que la dirección les ha pedido un "desmarque claro" de la intención del alcalde de comenzar a denunciar ante la Subdelegación del Gobierno a los inmigrantes sin papeles que acudan a empadronarse. Pineda, que ayer habló en nombre de la dirección del PSC, llamó a evitar los discursos "fáciles y populistas" y aseguró que la vía de Vic no es la correcta. Con todo, aseguró que en la ejecutiva de ayer no se habló de tomar ninguna medida contra los concejales del PSC. El delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, tampoco tomó la palabra.

Convergència Democràtica sí salió a defender contra viento y marea al alcalde de Vic, el democristiano Josep Maria Vila d'Abadal. El secretario general adjunto de CDC, Felip Puig, juzgó la medida de delatar a los inmigrantes como "ejemplar", y felicitó al Ayuntamiento de Vic "por cumplir la ley". Pese a tan positiva visión, Convergència no generalizará la medida a los municipios que gobierna. El debate fue largo en la reunión de la dirección de ayer. Fuentes de la ejecutiva apuntaron a Lluís Recoder, alcalde de Sant Cugat del Vallès, como uno de los contrarios a la medida de Vic. El presidente de la sectorial de inmigración del partido, Àngel Colom, criticó públicamente el sábado la medida y desafió a Vila d'Abadal: "No es más de CiU que yo", dijo. Puig descalificó a Colom -que, sin embargo, seguirá como máximo responsable de inmigración del partido- y ha dicho que, a pesar de las discrepancias, Convergència "rema en una sola dirección".

Pese a ser socio de CiU en Vic, Esquerra Republicana discrepó totalmente de Puig y rechazó sin ambages la iniciativa de Vila d'Abadal. El partido ha instado a sus cargos municipales en Vic a que rechacen la iniciativa del alcalde. El portavoz de ERC en el Ayuntamiento, Joan López ya se desmarcó de la medida el sábado, aunque, de momento, es el encargado de aplicarla, como responsable municipal de Ciudadanía.

Iniciativa per Catalunya fue el partido más duro. Denunció, en línea con los reproches de SOS Racisme, que la política de Vic "es una mala copia de los grupos xenófobos" y "propia de un Estado policial", en palabras de su secretario general, Joan Herrera.

En el lado opuesto, Alicia Sánchez-Camacho, líder del PP en Cataluña, anunció que pedirá a sus representantes en los municipios que presenten mociones para extender la medida de Vic.

El síndic de Greuges, Rafael Ribó, dictaminó que negarse a empadronar inmigrantes es ilegal aludiendo que la transferencia de datos del padrón es responsabilidad de la Agencia Catalana de Protección de Datos.