Tres avisos para Aguirre

¿Sabía Aguirre lo que se cocía entre sus distinguidos cargos electos? Lo que está claro es que, al menos, pudo saberlo. Una primera pista fue el caso Majadahonda. La presidenta se enteró en 2004 de que el alcalde, Guillermo Ortega, pretendía subastar dos parcelas municipales por un precio irrisorio, muy inferior al de mercado. La alerta procedía de 12 de los 15 ediles del grupo municipal, a los que aquello les parecía un disparate. El escándalo urbanístico acabó con Ortega obligado a dimitir y relegado a dirigir una empresa regional y dos concejales convertidos en ex ediles. "Lo hice sin saber nada de lo que había detrás", dijo Aguirre el viernes, rectificándose a sí misma y a su "yo destapé" del día anterior.

La líder ordenó a López Viejo en 2005 dejar de contratar a Special Events

Poco después de que estallara el caso Majadahonda, en marzo de 2005, Interviú publicó un reportaje en el que sugería que las "amistades peligrosas" de Alejandro Agag se estaban forrando con adjudicaciones de Majadahonda y de la Comunidad de Madrid. El artículo aseguraba que Alberto López Viejo, entonces viceconsejero de Presidencia, influía para que las concesiones de la organización de actos se las llevaran Special Events y Down Town Consulting. Aguirre ha contado que ordenó -con "instrucciones clarísimas"- a López Viejo cortar por lo sano con Special Events. Según dijo, el viceconsejero la engañó luego al contratar a otras empresas del conglomerado Gürtel. Él les cambió el nombre y en lugar de Special Events, adjudicó a Easy Concept y Servimadrid, entre otras, pero todas eran de la red de Correa.

Aguirre aún tuvo una tercera ocasión de enterarse de que algo olía a podrido entre sus filas. En septiembre de 2006, un concejal de Alternativa por Boadilla, Ángel Galindo, escribió a la presidenta para informarle de que el Ayuntamiento había adjudicado una parcela municipal a UFC por 35 millones de euros. Pretendía construir 135 viviendas de lujo. En el procedimiento "participaron diversas empresas que ofertaron más de 39 millones", añadía. Y aportaba un certificado del Ministerio de Trabajo en el que constaba que UFC nunca había estado inscrita en la Seguridad Social, lo que impide que pueda lograr una adjudicación pública. UFC pertenecía a José Luis Ulibarri, el principal empresario imputado en el Gürtel, al que se investiga por si pagó tres millones de comisión por otra concesión en el municipio (las viviendas de Boadilla Park).