Bancos malos

El penúltimo día de marzo, cinco líderes del G-20 (EE UU, Francia, Canadá, Reino Unido y Corea del Sur) hicieron pública una carta en la que advertían que "se requiere más trabajo para restaurar la solvencia en el balance de varios bancos internacionales". Dicho y hecho: el responsable de la política económica anunció inmediatamente una nueva fase de reestructuración del sistema financiero.

El problema que tienen las finanzas es, en esencia, un gigantesco volumen de créditos de lo inmobiliario, de dudoso cobro, que vienen de la etapa del boom de la vivienda: cuando se construían muchas más casas de las que correspondían en relación al poderío del país. La economía, ahora lo sabemos, ha padecido del monocultivo de la construcción, que generó mucha riqueza y empleo cuando las cosas fueron bien, y la ruina en la coyuntura contraria. Como consecuencia de estas dificultades los bancos no prestan a las pequeñas y medianas empresas y a las familias, y se estrangula el crecimiento de la economía real.

Irlanda ha creado el primer 'banco malo' de la UE, nacionalizando a las entidades con problemas

El ministro ha seguido el llamado modelo sueco. Primero, creó un banco malo público al que fueron a parar esos activos tóxicos; el Estado los compró con un fuerte descuento de su valor de mercado (47% de media). Este es un asunto central cuando se hacen este tipo de operaciones: si se valoran demasiado los activos tóxicos hay una transferencia de los contribuyentes a los bancos; si ocurre al revés, los bancos quiebran. En segundo lugar, vaciados los bancos de ese crédito promotor, el Estado subió su participación en el capital de algunas entidades financieras, lo que de hecho supone su nacionalización.

Para poder hacer estos cambios, el ministro había tenido que proceder previamente a un fuerte programa de ajuste de las cuentas públicas del país, ya que este había superado un déficit de dos dígitos y debía volver a la disciplina del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), que rige para los países de la eurozona, lo cual exige reducir ese déficit a un máximo del 3% del PIB. Para ello tuvo que subir los impuestos, reducir los salarios de los funcionarios y disminuir los pagos de las partidas que constituyen el Estado del Bienestar (entre ellas, las pensiones). Una mezcla de incremento de los ingresos y reducción de los gastos públicos que sin duda significarán austeridad para la población, afectada por la Gran Recesión.

El ministro habrá de emplear mucha pedagogía para convencer a esos ciudadanos que ven reducido su nivel de bienestar, de que lo que ellos ahorran se gasta en ayudar de nuevo a los bancos (por segunda vez; en diciembre de 2008 el Estado ya hubo de intervenir), porque estos constituyen el sistema sanguíneo de la economía y sin bancos sanos no hay nada de lo demás. Por ello, esos bancos en dificultades pasan a depender, mayoritariamente, del sector público.

Que no haya malentendidos: el país en cuestión es Irlanda.